El presente documento se ha propuesto a la presidencia del Consejo Económico de Salta, como punto de partida para que considere la integración de una comiión de Estudio de Evolución e Impacto socio ambiental de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos en la Provincia de Salta.
Salta y sus Bosques Nativos:
Un Análisis de la Ley Nacional Nº 26.331
de presupuestos mínimos de
protección ambiental
para los bosques nativos
y las Divergentes Visiones
sobre su Impacto Socioambiental
Propuestas para la
reflexión.
Febrero 2025.
¿Por qué
estudiar y diagnosticar la evolución y aplicación de la Ley de Bosques en
Salta?
Para
evaluar cuales de los múltiples actores que el mecanismo de protección ha
involucrado a lo largo de quince años de aplicación, se beneficiaron, en qué
medida y cuáles no. Los motivos; y cuánto de bosques ha logrado preservar. Y a
partir de esa comprensión indicar medidas que permitan a futuro mejorar
la implementación y el logro de sus objetivos haciendo comprensible para la
sociedad que es posible el desarrollo con preservación y viceversa.
Esta
evaluación que proponemos no se interesa en la readecuación del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que marca la ley, y que en Salta fue
recientemente sancionado, sino que lo excede ampliamente, ya que el mismo es
solo un eslabón en el complejo mecanismo para el funcionamiento de la Ley.
La
evaluación y diagnóstico intersectorial que aquí proponemos; permitirá promover
procesos participativos a futuro, para la protección de los montes en la
provincia.
Permitirá
entender quiénes son los actores que la Ley concierta en Salta, mapeando las
tensiones entre ellos, sus intereses y reclamos; y diagnosticar los limites
posibles de las negociaciones intersectoriales.
Permitirá
entender el proceso de la gestión burocrática de los fondos para la protección,
algunos motivos de su fracaso y los daños en la percepción social en general y
particularmente entre los sectores involucrados; de la Ley, a partir del
monopolio en la construcción de planes de manejo por parte de técnicos -
expertos.
Permitirá
entender la multiplicidad de visiones que, sobre la gestión del territorio y la
Ley, tienen "los finqueros", erróneamente interpretados como un grupo
unívoco frente a las comunidades indígenas y las organizaciones ambientalistas.
Permitirá
entender las visiones y prejuicios de los funcionarios y empleados de la
burocracia administrativa y de control del gobierno sobra cada uno de los
grupos que la Ley interpela.
Permitirá visualizar
el futuro de la Ley y la conservación en el actual contexto de desmembramiento
del Estado y la reducción de los fondos de protección para los bosques nativos.
Permitirá
entender el futuro de los procesos de expulsión de las comunidades originarias
y pequeños campesinos de los territorios y las posibilidades reales de defensa
frente al poder económico concentrado.
Permitirá
entender el incipiente proceso en los bosques nativos de Salta, de ponerle un
valor económico a la naturaleza a partir del turismo en los bosques protegidos,
con sus fortalezas y debilidades.
¿Que es elCES?
El Consejo
Económico y Social (CES) de Salta es un órgano consultivo y colegiado creado en
2013 por mandato de la reforma constitucional argentina de 1994. Tiene como
objetivo principal promover el diálogo y la concertación entre los diferentes
sectores económicos, sociales y culturales de la provincia, con el fin de
contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad. 1.- Asesora
a los poderes públicos en la elaboración y seguimiento de planes y políticas
públicas, 2.- realiza estudios y elabora propuestas sobre temas relevantes para
el desarrollo de la provincia, 3.- promueve la participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y 4.- realiza el seguimiento y
la evaluación de planes y políticas públicas, así como de los acuerdos
alcanzados en el marco del diálogo social.
Contenidos
1.- Salta y susBosques Nativos: Un Análisis de la Ley de Reordenamiento Territorial y lasDivergentes Visiones sobre su Impacto Socioambiental – 2.- Introducción – 3.- Antecedentes
– 4.- La Nueva Ley de Reordenamiento Territorial –
5.- Argumentos a Favor y en Contra La Posicióndel Sector de Finqueros Desafíos y Perspectivas – 6.- Identificando posiciones del sector definqueros o propietarios de la tierra, en la discusión por la ley de bosques yel reordenamiento territorial en argentina – 7.- Una tipología de finqueros o propietarios de tierras
en relación con su postura y participación en la discusión sobre la Ley de
Bosques y el reordenamiento territorial – 8.- Los conversatorios sobre logros ylimitaciones de la ley de bosques – 9.- Elencuentro "Luces y Sombras en la Aplicación de la Ley 26331 de BosquesNativos" organizado por FOPE-AR. Primer encuentro – 10.- Disertantes en el conversatorio – 11.- La eliminación del FOSBO – 12.- 2º Seminario “Luces y Sombras en la Aplicación dela Ley 26.331” – 13.- La relación entretécnicos – expertos y representantes de comunidades indígenas para hacercumplir la ley de bosques y defender los territorios, el desarrollo y vidas delas comunidades – 14.- El impacto en Argentina apartir de la sanción de la "Ley Ómnibus" en las posibilidades decontinuar profundizando los cambios que promueve la Ley de Bosques – 15.- Ineficacia en el manejo de fondos de la Ley deBosques y su impacto: la visión de los agentes estatales sobre los finqueros
– 16.- Monopolio de técnicos expertos enplanes de manejo de bosques en Salta: consecuencias para la transformaciónsocial inclusiva y la protección del bosque – 17.- La media sanción de la Ley del nuevo OTBN enDiputados Salta – 18.- Aprobación ley de OTBNen Senado Salta, dic 2024 – 19.- Fuentes consultadas
Salta y sus Bosques Nativos: Un Análisis de
la Ley de Reordenamiento Territorial y las Divergentes Visiones sobre su
Impacto Socioambiental
Introducción
La provincia de Salta,
ubicada en el noroeste de Argentina, alberga una vasta extensión de bosques
nativos, ecosistemas de gran valor ecológico, social y económico. Estos bosques
cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica, la conservación de la
biodiversidad y el sustento de numerosas comunidades originarias y criollas. En
diciembre de 2024, se sancionó una nueva Ley de Reordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en Salta, un tema que ha generado un intenso debate y
controversia debido a las diversas visiones sobre su impacto socioambiental.
Presentamos un breve
análisis del contexto histórico y social en el que se sancionó el re
ordenamiento en la Provincia (el 19 de diciembre de 2024, promulgada por Decreto
Nº 896 el 27 de diciembre de 2024, y publicada en el Boletín Oficial Nº 21.865
el 3 de enero de 2025). Explorando antecedentes, argumentos a favor y en
contra, la posición del sector de finqueros, los desafíos y perspectivas, y las
posibles implicaciones para la conservación de los bosques nativos y el
desarrollo sostenible de la provincia.
Antecedentes
En noviembre de 2007,
se sancionó la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, que insta a cada provincia a realizar un
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Salta fue una de las
primeras jurisdicciones en implementarlo, a través de la Ley Nº 7.543
sancionada en diciembre de 2008.
El OTBN es un
instrumento de planificación que tiene como objetivo clasificar los bosques
nativos en diferentes categorías de conservación (alta, media y baja),
estableciendo qué actividades se pueden realizar en cada una de ellas. La
actualización del OTBN es un proceso dinámico que debe realizarse
periódicamente, de acuerdo con la Ley de Bosques.
La Nueva Ley de Reordenamiento Territorial
En diciembre de 2024,
se sancionó una nueva ley de reordenamiento territorial de bosques nativos en
Salta, que actualiza el OTBN vigente. Esta nueva ley ha sido objeto de debate y
controversia, ya que ha sido criticada por organizaciones ambientalistas y
comunidades originarias, quienes argumentan que no cumple con los objetivos de
protección de los bosques nativos y que, por el contrario, habilita el avance
de la deforestación y el cambio de uso del suelo.
Argumentos a Favor y en Contra
Quienes defienden la
nueva ley argumentan que busca armonizar el desarrollo económico y social de la
provincia con la conservación de los bosques nativos, promoviendo un
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Asimismo, señalan que la
ley ha sido elaborada de manera participativa, con la participación de
diferentes actores sociales.
Por otro lado, quienes
critican la ley sostienen que no garantiza la protección efectiva de los
bosques nativos, ya que permite actividades como el desmonte y la expansión de
la frontera agropecuaria en zonas de alto valor de conservación. Además, cuestionan
la falta de participación de las comunidades originarias en el proceso de
elaboración de la ley y denuncian la existencia de intereses económicos detrás
de la misma.
El sector de finqueros
en Salta tiene una visión diversa sobre la nueva ley de reordenamiento
territorial de bosques nativos. Algunos de ellos se oponen a la ley,
argumentando que restringe sus derechos de propiedad y limita las posibilidades
de desarrollo productivo de sus tierras.
Consideran que la ley
establece restricciones excesivas sobre las actividades que se pueden realizar
en los bosques nativos, lo que dificulta el aprovechamiento de los recursos
forestales y el desarrollo de actividades como la agricultura y la ganadería.
Además, critican la falta de participación del sector en el proceso de
elaboración de la ley y denuncian la existencia de intereses ambientalistas
que, según ellos, perjudican al sector productivo.
Por otro lado, algunos
finqueros o propietarios de la tierra reconocen la importancia de proteger los
bosques nativos y promover un desarrollo sostenible. Sin embargo, señalan que
la ley no ofrece incentivos suficientes para la conservación de los bosques y
que no tiene en cuenta las particularidades de cada región y de cada tipo de
producción.
En este sentido,
proponen que se establezcan mecanismos de diálogo y concertación entre el
sector público, el sector privado y las organizaciones ambientalistas para
buscar un equilibrio entre la conservación de los bosques nativos y el
desarrollo productivo de la tierra.
La sanción de la ley
de reordenamiento territorial de bosques nativos en Salta plantea desafíos para
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la provincia.
Es fundamental que se implementen mecanismos de control y seguimiento para
garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la deforestación ilegal.
Asimismo, es necesario fortalecer la participación de las comunidades
originarias, promover la organización del campesinado o pobladores ancestrales
y de las organizaciones ambientalistas en la toma de decisiones relacionadas
con el manejo de los bosques nativos. Esto, desde un enfoque integral que
combine la conservación con el desarrollo económico local, buscando
alternativas sostenibles que beneficien a todos los actores; y la
implementación de indicadores técnicos de sustentabilidad para evaluar el éxito
de la ley es crucial para garantizar que se cumplan los objetivos de
conservación y desarrollo sostenible.
La posición del sector
de finqueros o propietarios de la tierra pone de manifiesto la necesidad de
buscar soluciones consensuadas que permitan compatibilizar la protección de los
bosques nativos con el desarrollo económico y social de la provincia. Es fundamental
que se establezcan mecanismos de diálogo y participación que involucren a todos
los actores sociales en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de los
bosques nativos.
Asimismo, es necesario
que se promuevan políticas públicas que fomenten la conservación de los bosques
nativos y el desarrollo de actividades productivas sostenibles, que generen
beneficios tanto para el medio ambiente como para la sociedad en su conjunto.
Identificando posiciones del sector de
finqueros o propietarios de la tierra, en la discusión por la ley de bosques y
el reordenamiento territorial en argentina.
A continuación,
intentamos sistematizar las posiciones del sector de finqueros o propietarios
de la tierra en la provincia a cerca de la Ley de Bosques (Ley 26.331) y el
reordenamiento territorial. Focalizamos dinámicas políticas, económicas y
sociales que han influido en la idea que los finqueros se formaron de la Ley
tras quince años promedio de su implementación. Es un relevamiento de ideas, dimensiones
y sectores involucrados, basado en observaciones directas y revisión de
documentos producidos por diferentes instituciones rurales.
Observamos un
conflicto entre intereses económicos y ambientales. Mientras este sector ha
presionado por flexibilizar las restricciones para favorecer actividades
productivas, otros actores, como las comunidades indígenas y las organizaciones
ambientalistas, han defendido la conservación de los bosques nativos. La
implementación efectiva de la ley requiere un equilibrio entre estos intereses,
así como un fortalecimiento de la articulación entre los actores involucrados y
un mayor compromiso político y financiero.
- Intereses económicos: los finqueros priorizan la rentabilidad
económica, lo que los lleva a presionar para que se permitan actividades
agropecuarias, forestales o de desarrollo urbano en áreas boscosas. Han argumentado
que la Ley de Bosques limita el crecimiento económico y el desarrollo
regional, y proponen la ganadería como máximo pilar de la economía.
- Resistencia a las restricciones: manifiestan preocupación por las
restricciones impuestas por los ordenamientos territoriales, que
clasifican las áreas en categorías de conservación (rojo, amarillo y
verde), limitando el uso de la tierra en zonas de alto valor ambiental.
- Presión política y lobby judicial: ejercen influencia política para
flexibilizar la aplicación de la ley en el poder ejecutivo, siempre sensible
a las demandas de los grandes propietarios de tierras. En el mismo
sentido, poseen estrategias jurídicas que otros sectores no manejan.
- Argumentos de "desarrollo": construyen discursos que vinculan la
producción agropecuaria con el desarrollo económico y la generación de
empleo, argumentando que la conservación de los bosques nativos puede ser
un obstáculo para el progreso.
- Comunidades indígenas y campesinas: defienden sus derechos territoriales y
la gestión sostenible de los bosques, enfrentándose con los intereses de
los finqueros. La Ley de Bosques ha sido una herramienta legal para
proteger sus territorios, pero su implementación ha sido desigual debido a
la falta de financiamiento y la presión política y judicial de los
sectores agropecuarios.
- Organizaciones ambientalistas: critican la influencia de los
propietarios de tierras en la aplicación de la ley, señalando que la
deforestación y el avance de la frontera agropecuaria continúan siendo
problemas graves.
- Desfinanciamiento: la falta de fondos para la conservación
de los bosques nativos ha sido un problema desde la implementación de la
Ley hacia 2009, lo que ha limitado la capacidad para implementar políticas
efectivas.
- Burocracia: la complejidad administrativa ha
dificultado la ejecución de proyectos de conservación y desarrollo
sostenible, afectando tanto a las comunidades locales como a los
propietarios de tierras.
- Falta de articulación: identifican falta de diálogo y
coordinación entre los actores involucrados (gobierno nacional, gobiernos
provinciales, comunidades, ONGs y sector privado) como un obstáculo para
la implementación efectiva de la ley.
Una tipología de finqueros o propietarios de
tierras en relación con su postura y participación en la discusión sobre la Ley
de Bosques y el reordenamiento territorial.
Basada en sus
intereses económicos, su relación con el medio ambiente, su escala de
producción y su influencia política. No son excluyentes y pueden superponerse.
Permiten entender la diversidad de actores dentro del sector de finqueros y
cómo sus intereses y prácticas influyen en la implementación de la Ley de
Bosques y el reordenamiento territorial.
- Características: son grandes propietarios de tierras,
vinculados a la producción de commodities agrícolas (soja, maíz, ganadería
intensiva). Operan a gran escala y tienen una fuerte influencia en las
políticas públicas.
- Postura frente a la Ley de Bosques: se oponen a las restricciones impuestas
por la ley, ya que buscan maximizar la rentabilidad de sus tierras.
Presionan para que se flexibilicen las categorías de conservación y se
permita el desmonte en áreas protegidas.
- Influencia: tienen un fuerte lobby político y
económico, tanto a nivel provincial como nacional. Están asociados a
cámaras empresariales como la Sociedad Rural Argentina (SRA) o la
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID).
- Características: son propietarios de medianas o pequeñas
extensiones de tierra, con una producción más diversificada (ganadería
extensiva, agricultura familiar, forestación). Tienen un vínculo arraigado
con el territorio.
- Postura frente a la Ley de Bosques: algunos apoyan la conservación de los
bosques por su valor cultural y ambiental, mientras que otros ven la ley
como un obstáculo para su subsistencia económica.
- Influencia: poseen menos capacidad de incidencia
política que los grandes propietarios, algunos se organizan en
cooperativas o asociaciones para defender sus intereses, combinando
actividades productivas con la conservación de bosques nativos.
- Características: se trata de propietarios que buscan
equilibrar la producción con la conservación del medio ambiente. Pueden
ser grandes, medianos o pequeños, pero se distinguen por su interés en
prácticas sostenibles, como la agroecología, la silvicultura o el manejo
forestal responsable.
- Postura frente a la Ley de Bosques: apoyan la ley y buscan implementar
prácticas que cumplan con los criterios de conservación. Ven el bosque
nativo como un recurso valioso que puede generar ingresos a través de
actividades sostenibles (turismo, productos forestales no madereros,
etc.).
- Influencia: están vinculados a organizaciones
ambientalistas o programas de certificación sostenible. Aunque su
influencia política es limitada, su enfoque es cada vez más valorado en el
contexto global de cambio climático.
- Características: son propietarios que adquieren tierras
con fines especulativos, esperando que aumenten de valor debido a la
expansión urbana, la infraestructura o el cambio de uso del suelo. No
están involucrados en la producción agropecuaria.
- Postura frente a la Ley de Bosques: se oponen a las restricciones de la ley,
ya que buscan maximizar el valor económico de sus tierras a través de la
venta o el desarrollo inmobiliario.
- Influencia: trabajan de manera discreta y tienen conexiones
con sectores inmobiliarios y políticos locales.
- Características: se trata de propietarios con una larga
tradición familiar en la tenencia de tierras. Tienen un fuerte vínculo
identitario con el territorio y combinan actividades productivas con la
conservación de áreas naturales.
- Postura frente a la Ley de Bosques: es ambivalente. Algunos defienden la
conservación por su valor simbólico y cultural, mientras que otros
priorizan la rentabilidad económica.
- Influencia: tienen un peso simbólico importante en
las comunidades locales y pueden influir en las decisiones políticas a
nivel regional.
- Características: englobamos aquí a comunidades indígenas
o campesinas que poseen tierras colectivas. Su relación con el territorio
es cultural y espiritual y practicar formas tradicionales de manejo de los
recursos naturales.
- Postura frente a la Ley de Bosques: apoyan la ley como una herramienta para
proteger sus territorios frente al avance de la frontera agropecuaria y la
deforestación. Sin embargo, critican la falta de financiamiento y la
burocracia que dificulta su implementación.
- Influencia: tienen menos poder económico y político,
pero su lucha por la tierra y los bosques ha ganado visibilidad gracias al
apoyo de organizaciones sociales y ambientalistas.
- Características: se trata de propietarios que no viven en
las tierras que poseen y las administran a distancia, a menudo a través de
terceros. Pueden ser individuos o empresas con intereses diversificados.
- Postura frente a la Ley de Bosques: depende de sus intereses económicos.
Algunos priorizan la rentabilidad a corto plazo, mientras que otros pueden
adoptar un enfoque más conservacionista si perciben beneficios a largo
plazo.
- Influencia: operan de manera menos visible, pero
pueden tener influencia a través de intermediarios o empresas.
Los conversatorios sobre logros y
limitaciones de la ley de bosques
Se ha participado de
manera virtual de dos seminarios organizado por AFOPE y
FOPE-AR durante el segundo semestre de 2024. En modalidad conversatorio, los
seminarios examinaron la aplicación de la Ley 26.331 de Bosques Nativos en
Argentina, resaltando tanto sus logros como sus limitaciones. Las
presentaciones exploraron las experiencias de comunidades indígenas y
campesinas en la defensa de sus territorios y la gestión sostenible de los
bosques. Se discutieron problemas como el desfinanciamiento, la burocracia, la
presión de los sectores agropecuarios y la falta de articulación entre los
actores involucrados. Se enfatizó la importancia de fortalecer la organización
comunitaria y promover una visión integral que combine la conservación con el
desarrollo económico local. Los expositores compartieron perspectivas desde
diversas provincias, mostrando la complejidad y los desafíos de implementar la
ley en un país con gran diversidad ecológica y cultural. Se subrayó la
necesidad de transparencia y la importancia de indicadores técnicos de
sustentabilidad para evaluar el éxito de la ley.
Las dos oportunidades
de los encuentros, reunieron a varios expertos para examinar la implementación
y los desafíos de la Ley de Bosques Nativos en Argentina. Los participantes,
incluyendo ingenieros forestales, directores de planificación territorial y
representantes de organizaciones, ofrecieron diversas perspectivas sobre la
ley. Los temas centrales del conversatorio incluyeron el ordenamiento
territorial de los bosques, el financiamiento de la ley a través del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, la
participación de las comunidades locales en la gestión forestal, y los desafíos
y oportunidades para promover un manejo más sostenible de los bosques. Los
panelistas compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la necesidad de
equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo social y económico,
destacando la importancia de la organización comunitaria, la articulación entre
los sectores forestales y la transparencia en la gestión de los recursos.
El encuentro "Luces y Sombras en la
Aplicación de la Ley 26331 de Bosques Nativos" organizado por FOPE-AR.
Primer encuentro
Disertantes en el conversatorio
Estos son algunos de los interlocutores que
participan en el seminario:
Rubén Manfredi: es abogado especializado en derecho ambiental,
ha sido asesor legal y técnico en el contexto de la sanción de la Ley 26.331 y
ha contribuido a la definición de conceptos clave de la ley, como ordenamiento
territorial, categorías de conservación, etc.
Luis María Mestre: Ingeniero forestal de la Universidad Nacional
de La Plata y Secretario de Desarrollo Foresto Industrial de la provincia de
Corrientes.
Rodrigo José Robeta: Ingeniero forestal de la Universidad Nacional
de la Patagonia y Máster en Ciencias con mención en manejo y ecología forestal
por la universidad de Frur Alemania. Fue Secretario de Bosque de la provincia
de Chubut y Presidente de la Comisión Nacional de Bosques.
Víctor Rosales: Ingeniero forestal de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero y expresidente de la comisión de bosques del COFEMA
(Consejo Federal de Medio Ambiente)
Ignacio Goytia: Ingeniero agrónomo y Director General de
Planificación Territorial de la provincia de Salta. A diferencia de los otros
oradores, el no es forestal, y remarca que los bosques para él tienen otras
visiones además de la forestal.
Interlocutores y
principales ideas:
Destaca la importancia
de la voz del territorio, proveniente de las comunidades de pueblos originarios
y campesinos, en la defensa de la cobertura forestal. Subraya la necesidad de
que estos sectores se alíen con las pymes de transformación para construir
poder y avanzar en los debates sobre el uso de los bosques. Plantea que el
desafío es manejar los bosques de forma estratégica, encontrando en el uso de
los recursos el camino para la conservación. Critica la fragmentación de las
discusiones en el ordenamiento territorial y cómo la búsqueda de recursos
económicos dominó la manera de pintar los bosques. Señala que cuatro provincias
(Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos) concentran el 50% de la
superficie ordenada en rojo, lo que dificulta la estrategia de conservación.
Considera que es necesario un período de aprendizaje y flexibilización para
avanzar en un proceso más estricto y riguroso respecto del cumplimiento del
ordenamiento territorial. Destaca la necesidad de una mayor participación de
las comunidades que viven en el bosque, garantizando su participación en los
contextos cotidianos de disucisón y en los mecanismos institucionales de
diálogo. Enfatiza la importancia de la organización y capacitación de las
comunidades para lograr justicia en la discusión del acceso a los recursos,
reconociendo que estos son bienes públicos con una responsabilidad social en su
administración. Menciona el proyecto "Bosque Nativo y Comunidad" como
un articulador estratégico de la construcción y el empoderamiento territorial.
Destaca el papel de los bosques en la protección del suelo y la necesidad de un
diálogo armónico entre los usos del suelo, evitando que la maximización de la
renta domine las decisiones. Subraya la importancia de construir una comunidad
organizada para lograr la independencia económica de los territorios y aplicar
justicia social en el uso de los recursos.
Señala que la ley no
surgió de una decisión gubernamental, sino de la presión de la sociedad civil.
Destaca que la ley tiene como objetivo proteger los bosques y evitar los
desmontes, pero también prevé el pago por servicios ambientales. Critica que el
aporte de fondos nunca superó el 10% de lo que debería haberse otorgado, lo que
dificulta el cumplimiento de los objetivos de conservación y manejo
sustentable. Menciona que el 21% de los bosques están en rojo, el 60% en
amarillo y el 19% en verde, y que hay una diferencia entre la superficie
ordenada y la del inventario nacional. Cuestiona la falta de federalismo en la
ley, ya que la Nación tiene la última palabra en la aprobación de los planes y
ordenamientos. Reconoce que la ley fortaleció a los organismos provinciales,
pero critica que las reuniones se centren en la ejecución del fondo y no en los
indicadores de conservación y manejo sostenible. Propone buscar indicadores
técnicos de sustentabilidad y agilizar el sistema de rendiciones de los fondos.
Destaca la necesidad de capacitar a los técnicos y profesionales independientes
en el manejo de los bosques.
Comparte la
experiencia de la provincia de Chubut con la aplicación de la ley. Señala que
el ordenamiento territorial se realizó con los recursos y capacidades locales,
pero con el tiempo surgieron conflictos por los usos de las tierras. Destaca
que el financiamiento de la ley cambió la motivación de los planes, ampliando
el tipo de planes que se financiaban. Observó una dispersión de las acciones
financiadas y una disminución del interés en la presentación de proyectos por
parte de privados y profesionales. Menciona la necesidad de revisar la
estrategia de implementación de la ley y de mejorar las herramientas para
lograr una transformación real de los bosques. Destaca el incremento de los
fondos nacionales en los últimos años y la importancia de los planes
estratégicos a largo plazo. Considera que es indispensable la búsqueda de
equilibrio entre los requisitos y la facilidad de instrumentación, así como
otorgarle dinamismo a la ley para abordar las nuevas problemáticas emergentes.
Señala que la ley
surgió de las presiones sociales y ambientales, ante la falta de políticas
ambientales adecuadas. Critica la poca articulación entre los distintos
sectores forestales y la falta de armonía entre el pequeño, mediano y gran
productor. Menciona la escasa articulación de la clase política con la
dirigencia ambiental forestal y la falta de líderes en los espacios políticos
discutiendo estas temáticas. Destaca la importancia de los lineamientos como
cuencas forestales y el manejo con ganadería integrada para lograr un manejo
adecuado de los bosques. Señala que hay jurisdicciones que tardan mucho en
hacer llegar los fondos a los productores, lo que genera una pérdida
adquisitiva importante. Enfatiza la necesidad de articular el sector con los parlamentarios
y fortalecer el involucramiento y la transparencia de las instituciones
forestales.
Considera que la ley
tiene dos grandes herramientas: el financiamiento y el ordenamiento
territorial. Destaca que el ordenamiento territorial puso en la mesa la
discusión sobre qué se podía y qué no se podía hacer en los bosques. Señala que
el financiamiento no está funcionando debido a la burocracia y a que los fondos
son insuficientes. Menciona la dificultad de realizar los controles necesarios
debido a la falta de personal. Critica la complicación de las revisiones
periódicas de los ordenamientos y la necesidad de simplificar las burocracias
provinciales. Expresa preocupación por la posible eliminación del FOSBO y la
incertidumbre sobre los fondos futuros.
La eliminación del FOSBO
El 7 de octubre de
2024 a través del decreto 888/2024 el Poder
Ejecutivo de la Nación eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental
de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) establecido en 2018 por la Ley 27.431 a los
fines de facilitar la administración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) creado por la Ley 26.331 y de
los fondos destinados a cumplir con el Acuerdo de París en lo que respecta al
Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.
Si bien el Decreto
888/2024 no elimina el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los
Bosques Nativos hace que su administración sea muy difícil. Por otro lado,
permitiría que unos 15.900 millones de pesos que hoy las provincias están en
condiciones de recibir - como parte de los derechos establecidos por la Ley de
Bosques -, vuelvan al Tesoro General del Estado y sea muy complejo asegurar la
trazabilidad y transparencia en el uso de esos fondos a futuro (Fundación Vida Silvestre Argentina, 2024.
Este fondo tenía como objetivo principal
financiar actividades de conservación y manejo sostenible de los bosques
nativos, así como compensar a los propietarios de tierras con bosques por los
servicios ecosistémicos que estos brindan.
La eliminación del FOSBO, o la reducción
drástica de su presupuesto, implica un grave retroceso en la protección de los
bosques nativos en Argentina. Esto se debe a que:
- dificulta el financiamiento de actividades
de conservación; ya que, sin recursos suficientes, se limita la capacidad
de implementar planes de manejo sostenible, controlar la deforestación
ilegal y promover la restauración de bosques degradados.
- debilita la capacidad de las provincias
para hacer cumplir la ley porque éstas necesitan recursos para llevar a
cabo el ordenamiento territorial de los bosques, fiscalizar actividades y
aplicar sanciones en caso de infracciones.
- reduce el apoyo a los propietarios de
tierras con bosques, dado la falta de compensación por los servicios
ecosistémicos que brindan sus bosques puede desincentivar la conservación
y favorecer el cambio de uso del suelo hacia actividades más rentables a
corto plazo, como la agricultura o la ganadería.
La eliminación o reducción está relacionado
con:
- Restricciones presupuestarias: el gobierno
nacional ha priorizado otros gastos y recortados fondos destinados a la
conservación de bosques.
- Presión de sectores productivos: como el
agropecuario o el forestal que buscan reducir las restricciones y costos
asociados a la protección de bosques.
- Falta de voluntad política: refleja una
falta de compromiso político con la protección de los bosques nativos y la
implementación efectiva de la Ley de Bosques.
Se prevé que las consecuencias serán:
- Aumento de la deforestación: la falta de
recursos y controles puede acelerar la pérdida de bosques nativos,
especialmente en zonas de alta presión agropecuaria.
- Pérdida de biodiversidad: la deforestación
y la degradación de bosques nativos ponen en peligro numerosas especies de
plantas y animales que dependen de estos ecosistemas.
- Impactos ambientales: la pérdida de
bosques nativos contribuye al cambio climático, la erosión del suelo, la
disminución de la disponibilidad de agua y otros problemas ambientales.
Ante la eliminación del FOSBO, es fundamental
que la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas y otros actores
relevantes sigan trabajando para 1.- exigir el cumplimiento de la Ley de
Bosques; 2.- promover el manejo sostenible de bosques; y 3.- concientizar sobre
la importancia de los bosques.
2º Seminario “Luces y Sombras en la
Aplicación de la Ley 26.331”
El segundo seminario
sobre la ley 26.331 buscó reflexionar sobre las posibilidades que tuvo la ley
en las comunidades indígenas y campesinas, o la falta de ellas. Se revisó esta
herramienta y los procesos de conformación y diseño de las herramientas de
gestión en el territorio, contando con la participación de referentes de
pueblos indígenas y organizaciones campesinas.
Los oradores
intervinientes en el seminario fueron:
Daniel Som es un
periodista y miembro del Consejo de Administración del Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). Ha sido periodista por más de 30 años y ha trabajado en una
variedad de medios, incluyendo la prensa escrita, la radio y la televisión, comprometido
con los derechos humanos y la justicia ambiental. Es quien da las palabras de
bienvenida y agradecimiento, mencionando el objetivo del seminario y a los
panelistas.
Miembro de la
Confederación Mapuche de Neuquén, Consorcio Tica, y el organismo consultor de
política de pueblos indígenas de Parques Nacionales. Nahuel presenta su
experiencia con la implementación de la ley de bosques, la lucha de los pueblos
indígenas y la defensa del territorio.
La defensa del territorio indígena y
la Ley de Bosques en Argentina, a partir de la intervención de Jorge Nahuel
La intervención de Jorge Nahuel, representante
de la Confederación Mapuche de Neuquén, Consorcio Tica y el organismo consultor
de política de pueblos indígenas de Parques Nacionales, en el debate sobre la
Ley de Bosques en Argentina, proporciona ideas para pensar sobre la relación
entre la defensa del territorio indígena, la preservación de los bosques
nativos y el poder de las corporaciones. Su experiencia y sus ideas ofrecen una
perspectiva valiosa sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las comunidades
indígenas en la lucha por sus derechos y por la protección de su territorio.
Destaca que la Ley de Bosques es un logro
producto de la lucha de los pueblos indígenas y campesinos, no una concesión.
Esta ley tiene un impacto directo en los territorios indígenas, que son el
epicentro de la preservación del bosque nativo y la resistencia contra el
agronegocio y el desmonte. Por lo tanto, la defensa y la plena aplicación de la
Ley de Bosques son fundamentales para la protección de los territorios y los
recursos naturales de las comunidades indígenas.
Sin embargo, advierte que el contexto político
actual favorece a las corporaciones que ambicionan los territorios y los
recursos indígenas. Esta situación plantea un desafío enorme para las
organizaciones indígenas, que se encuentran en una posición de debilidad frente
a estos poderes concentrados. ¿Cómo pueden lograr ser escuchadas en este
contexto adverso? Subraya la necesidad de estar en alerta y movilización
permanente, de fortalecer la unidad y la coordinación entre las organizaciones
indígenas y campesinas, y de buscar alianzas con otros sectores de la sociedad
civil que compartan sus preocupaciones.
La experiencia en Neuquén, con la reforma
constitucional de 2006 que incorporó los derechos de los pueblos indígenas y la
política de comanejo con Parques Nacionales, muestra que es posible avanzar en
la defensa de los derechos indígenas y en la gestión sostenible de los recursos
naturales. Sin embargo, reconoce que estas políticas han quedado
desactualizadas ante los nuevos instrumentos de derecho que reafirman los
derechos preexistentes de los pueblos indígenas, como la gobernanza indígena y
el reconocimiento de su papel fundamental en la preservación de los bosques y
la biodiversidad.
Uno de los principales problemas que señala es
la falta de reglamentación de la Ley de Bosques en las provincias, donde los
gobiernos provinciales en general tienen otros intereses, ligados a las
corporaciones inmobiliarias y sojeras. Esta situación se agrava por la
posibilidad de que los municipios modifiquen la categorización o el
ordenamiento que establece la reglamentación de la ley a través de simples
ordenanzas, afectando directamente los territorios comunitarios.
Ante esta realidad, enfatiza que los derechos
de los pueblos indígenas son derechos preexistentes, anteriores a la creación
de los parques nacionales, y que es indispensable que la sociedad en su
conjunto comprenda que la tragedia ambiental es un problema de todos, no solo
de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es necesario unificar y coordinar
fuerzas para que los gobiernos que atentan contra los derechos indígenas duren
lo menos posible.
Finalmente, hace un llamado a superar el rol de
víctima y a asumir que o nos salvamos todos o todos estamos perdidos como
humanidad. Su mensaje es claro: la defensa del territorio indígena y la lucha
por la justicia ambiental son responsabilidades compartidas que exigen un
compromiso colectivo y una acción coordinada.
En relación a las preguntas planteadas sobre
cómo las organizaciones indígenas pueden lograr ser escuchadas en una posición
de debilidad y sobre la falta de coordinación entre organizaciones campesinas e
indígenas, su intervención ofrece algunas pistas importantes. En primer lugar,
destaca la necesidad de fortalecer la unidad y la coordinación entre las
organizaciones indígenas y campesinas, ya que la defensa del territorio y de
los recursos naturales es una causa común que los convoca. En segundo lugar, subraya
la importancia de buscar alianzas con otros sectores de la sociedad civil, como
organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de la cultura, que
compartan sus preocupaciones y que puedan amplificar su voz en el debate
público. En tercer lugar, enfatiza la necesidad de estar en alerta y
movilización permanente, utilizando todas las herramientas legales y políticas
disponibles para defender sus derechos y para exigir el cumplimiento de la Ley
de Bosques.
Coordinadora del
Consejo Coya de Isla de Cañas, de la comunidad indígena pueblo Coya finca
Santiago, provincia de Salta. Yurquina expone sobre la implementación de la ley
de bosques en Salta, las dificultades encontradas, y las acciones realizadas en
su comunidad.
Deforestación y derechos indígenas en
Salta: la lucha por el territorio desde la experiencia de una comunidad coya en
el testimonio de Alicia Yurquina
El testimonio de Alicia Yurquina, coordinadora
del Consejo Coya de Isla de Cañas, comunidad indígena pueblo Coya finca
Santiago, provincia de Salta, ofrece una visión crítica sobre la implementación
de la Ley de Bosques en la provincia y las dificultades que enfrentan las
comunidades indígenas para defender sus territorios y sus derechos. Su
experiencia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la participación
indígena en la toma de decisiones, de garantizar el cumplimiento de la ley y de
promover una gestión sostenible de los bosques nativos que tenga en cuenta las
necesidades y los derechos de los pueblos originarios.
Yurquina denuncia que, a pesar de que Salta fue
una de las primeras provincias en adherirse a la ley nacional, la
implementación ha sido problemática desde el principio. El Consejo Asesor de
Ordenamiento Territorial, creado como un espacio de consulta, no convocó a las
organizaciones de pueblos indígenas ni de pequeños productores, lo que
evidencia una falta de voluntad política para garantizar su participación en la
toma de decisiones que afectan sus territorios.
La situación se agrava por el hecho de que
Salta encabeza la lista de territorios con mayores tasas de deforestación y
degradación de bosques en el país, priorizando el avance de la frontera
agropecuaria y la expulsión de poblaciones originarias. La aplicación de la Ley
de Bosques en Salta carece de efectividad, resultando en pocos proyectos
productivos y una protección insuficiente de los bosques nativos.
La experiencia de la comunidad de finca
Santiago es un claro ejemplo de esta situación. A pesar de contar con un título
territorial comunitario y reglamentos internos de protección de recursos
naturales, han sufrido la deforestación y han tenido dificultades para hacer
respetar sus derechos. La falta de apoyo y de recursos por parte del Estado ha
dificultado la protección de sus bosques y la implementación de proyectos
productivos sostenibles.
Sin embargo, la comunidad no se ha rendido y,
después de un largo proceso, logró acceder a la presentación de un plan de
formulación, aprobado en 2023, para desarrollar acciones de protección de las
yungas nativas. Este logro demuestra la capacidad de las comunidades indígenas
para organizarse y luchar por sus derechos, a pesar de las dificultades y la
falta de apoyo.
Otro problema que señala Yurquina es la falta
de participación de las comunidades indígenas en los ordenamientos
territoriales. A pesar de que tienen derecho a ser parte de las políticas
públicas que involucran sus territorios, la comunidad de finca Santiago fue
invitada a talleres solo una vez, lo que considera un incumplimiento de sus
derechos.
Además, Yurquina expresa su preocupación por la
aparición de la "zona marrón" en la provincia, un área de protección
y conservación que permite el desmonte regulado. Esta medida genera temor en
los pueblos indígenas, ya que temen que se abra una nueva vía para la
deforestación y la pérdida de sus territorios.
A pesar de estas dificultades, la
implementación del plan de formulación ha permitido a la comunidad desarrollar
actividades planificadas, como el diagnóstico de flora y fauna, el monitoreo de
parcelas, la articulación comunitaria, la generación de mano de obra y la
sensibilización sobre la protección de bosques nativos. Estas acciones
demuestran que, cuando se cuenta con los recursos y el apoyo necesarios, las
comunidades indígenas pueden llevar a cabo proyectos productivos y de
conservación que benefician a sus territorios y a sus comunidades.
Yurquina destaca la importancia de que se
respete el derecho de los pueblos indígenas a participar en la generación de
políticas públicas, promoviendo la interculturalidad y garantizando que sus
voces sean escuchadas en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus
territorios. También es necesario que haya celeridad en los trámites y
actualización de los subsidios para que los proyectos puedan desarrollarse
según lo planificado.
Ante una política nacional de negación de los
derechos indígenas, Yurquina considera crucial fortalecerse como organizaciones
y pueblos para resistir y luchar por políticas firmes de protección de bosques
nativos. Es necesario unificar criterios entre todos los pueblos para
fortalecer la norma y evitar que se distorsione en el futuro, generando
ordenamientos territoriales objetivos y no a medida de intereses dañinos.
En relación a las preguntas planteadas sobre
cómo las organizaciones indígenas pueden lograr ser escuchadas en una posición
de debilidad y sobre la falta de coordinación entre organizaciones campesinas e
indígenas, el testimonio de Yurquina; en primer lugar, destaca la necesidad de
fortalecer la unidad y la coordinación entre las organizaciones indígenas y
campesinas, ya que comparten la lucha por la defensa del territorio y los
recursos naturales. En segundo lugar, subraya la importancia de participar activamente
en la generación de políticas públicas, promoviendo la interculturalidad y
exigiendo que se respeten sus derechos. En tercer lugar, Yurquina enfatiza la
necesidad de fortalecerse como organizaciones y pueblos para resistir ante las
políticas que niegan sus derechos y atentan contra sus territorios.
Miembro del equipo de
bosques y territorios del Movimiento Campesino de Córdoba. Sosa comparte su
experiencia en la aplicación de la ley de bosques en Córdoba, los beneficios y
dificultades, y las acciones realizadas en la defensa del territorio y los
medios de vida.
La Ley de Bosques en Córdoba: un
instrumento de lucha y esperanza para las comunidades campesinas
El testimonio de María Eugenia Sosa, integrante
del equipo de bosques y territorios del Movimiento Campesino de Córdoba, proporciona
una mirada profunda y esclarecedora sobre la implementación de la Ley de
Bosques en su provincia. Su experiencia destaca tanto los beneficios como las
dificultades que ha traído la ley, así como las acciones que han emprendido las
comunidades campesinas en la defensa de su territorio y sus medios de vida. Muestra
que la Ley de Bosques es un instrumento de lucha y esperanza para las
comunidades campesinas de Córdoba. A pesar de las dificultades y las amenazas,
estas comunidades han sabido apropiarse de la ley y utilizarla para defender su
territorio, sus recursos naturales y sus formas de vida. La lucha por la
implementación efectiva de la Ley de Bosques es una lucha por la justicia
social, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental.
Córdoba ha sido históricamente una provincia
con una vasta superficie de bosque nativo, pero el avance de la sojización y la
expansión de la frontera agropecuaria han reducido drásticamente esta
cobertura, pasando del 90% a menos del 20%. Este proceso de desmonte, que se
intensificó a partir de la década de 1990, tuvo un impacto devastador en las
comunidades campesinas, que vieron amenazados sus territorios y sus formas de
vida.
Ante esta situación, el Movimiento Campesino de
Córdoba y otras organizaciones sociales iniciaron una lucha por la protección
de los bosques nativos y por el reconocimiento de los derechos de las
comunidades campesinas. Esta lucha dio sus frutos en 2005 con la sanción de una
ley de prohibición de desmontes, que si bien permitía desmontes
"selectivos" (rolados) de alto impacto, sentó un precedente
importante en la defensa del territorio.
La sanción del ordenamiento provincial en 2010,
a raíz de la Ley de Bosques nacional, significó un avance significativo en la
protección de los bosques nativos. Los desmontes disminuyeron considerablemente
y se fortalecieron los mecanismos de control y fiscalización. La Ley de Bosques
se convirtió en un instrumento de lucha para las comunidades campesinas, que
encontraron en ella un respaldo legal para defender sus tierras y sus recursos
naturales.
Uno de los aspectos más destacados del
testimonio de Sosa es el reconocimiento de las comunidades campesinas como
protectoras y guardianas del bosque. La Ley de Bosques es la primera ley que
nombra a estas comunidades y reconoce su papel fundamental en la conservación
de los ecosistemas forestales. Este reconocimiento no es solo simbólico, sino
que tiene un impacto concreto en la vida de las comunidades campesinas, que ven
fortalecida su identidad y su capacidad de acción.
El proceso participativo en la redacción de la
ley fue otro logro importante de la lucha de las organizaciones sociales y
ambientales. La articulación con organizaciones ambientalistas y universidades
permitió construir una ley que recogiera las demandas y las necesidades de las
comunidades campesinas, y que promoviera un modelo de desarrollo rural
sostenible.
En estos 10 años de implementación de la Ley de
Bosques, se han desarrollado 250 planes de conservación que abarcan alrededor
de 52.000 hectáreas. Estos planes, que cuentan con el apoyo del Estado, han
permitido a las comunidades campesinas implementar prácticas de manejo
sostenible de los bosques, proteger la biodiversidad y mejorar sus condiciones
de vida.
El acceso al fondo de compensación es otro de
los beneficios concretos que ha traído la Ley de Bosques. Si bien los montos
son aún bajos, este fondo representa un reconocimiento al valor de los
servicios ecosistémicos que brindan los bosques nativos y un incentivo para su
conservación.
Sosa destaca también la importancia de la
ganadería campesina en la regeneración del bosque. La ganadería, practicada de
manera sostenible, contribuye a disminuir la carga combustible y a prevenir
incendios forestales. Asimismo, la Ley de Bosques ha permitido volver a hacer
aprovechamiento forestal de manera controlada y a promover actividades como la
apicultura, que generan ingresos para las comunidades campesinas y contribuyen
a la conservación de los bosques.
Sin embargo, la implementación de la Ley de
Bosques no está exenta de dificultades. Sosa señala la necesidad de un
presupuesto adecuado para la ley, el reconocimiento de los promotores locales
para la elaboración de los planes de conservación, la redefinición de las
actividades que se pueden hacer en cada categoría de conservación y el control
de los rolados, que a menudo terminan siendo de alta intensidad y significando
un cambio de uso de suelo.
Asimismo, Sosa advierte sobre la necesidad de
fortalecer la lucha y la articulación para hacer cumplir la no regresividad de
los ordenamientos territoriales. El agronegocio, que busca reducir la cantidad
de hectáreas de categoría roja, argumenta que los incendios forestales son por
culpa de la Ley de Bosques, cuando en realidad son consecuencia de la falta de
inversión en prevención y manejo del fuego.
Dirigente del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Carrizo presenta la
problemática de los desmontes en Santiago del Estero, la lucha del movimiento
campesino, y las consecuencias para las comunidades y el medio ambiente.
La Ley de Bosques en Santiago del
Estero: una lucha constante por la defensa del territorio campesino
El testimonio de Deolinda Carrizo ofrece una
visión cruda y realista sobre la implementación de la Ley de Bosques en su
provincia. Su experiencia y la de su organización revelan los desafíos, las
consecuencias negativas y las luchas que han enfrentado en la defensa de su
territorio y sus medios de vida. Permite pensar sobre la importancia de la
lucha por la defensa del territorio y los derechos de las comunidades
campesinas e indígenas. Su experiencia nos muestra que, a pesar de las
dificultades y las amenazas, estas comunidades siguen resistiendo y luchando
por un futuro más justo y sostenible para todos.
Carrizo destaca que la Ley de Bosques fue un
logro posible gracias a aliados estratégicos en los ámbitos de discusión y a un
gran esfuerzo colectivo, dada la sensibilidad del tema para las comunidades
campesinas e indígenas y la sociedad en general. Sin embargo, la implementación
de la ley y la participación en los recorridos regionales resultaron difíciles,
debido a la falta de información oportuna y a las limitaciones económicas y
logísticas que enfrentaban las comunidades para participar en las reuniones y
hacer oír su voz.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad
de democratizar los espacios de participación y de garantizar que las voces de
los territorios más alejados de los centros urbanos, donde se toman las
decisiones, sean escuchadas y tenidas en cuenta. La lucha por el reconocimiento
de las comunidades en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) es
otro ejemplo de las dificultades que enfrentan las comunidades para ser
reconocidas como actores legítimos en la toma de decisiones que afectan sus vidas
y sus territorios.
A pesar de la existencia de la ley, la
violencia y la impunidad persisten en los territorios. Carrizo denuncia la
pérdida de vidas de compañeros y comuneros a manos de sicarios, como los
asesinatos de Eli Juárez, Cristian Ferreira y Miguel Galván, sin que las
denuncias hayan sido escuchadas ni se haya hecho justicia. Esta situación
evidencia la falta de voluntad política para proteger a las comunidades y
garantizar el cumplimiento de la ley.
La falta de respuestas y de acciones concretas
por parte de las autoridades pone en riesgo a las familias y a su lugar de
vida. Las consecuencias de esta inacción son devastadoras: quema de montes
muertos, fumigación y avance del monocultivo de soja, maíz o algodón
transgénico. Este modelo de producción extractivista no solo destruye los
bosques nativos y la biodiversidad, sino que también perjudica el acceso a los
alimentos de la población, la pérdida de territorio de producción diversificada
y la pérdida de acceso a alimentos diversificados en las zonas locales.
En un intento por fortalecer el seguimiento y
el acompañamiento técnico a las comunidades, se buscó articular con los equipos
de trabajo territorial del Instituto de Agricultura Familiar Campesina
Indígena. Sin embargo, esta articulación no siempre fue posible, lo que
evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y los programas que
brindan apoyo a las comunidades campesinas e indígenas.
En las Yungas, se logró fortalecer el equipo
interinstitucional y oficializar el relevamiento de carpetas técnicas de las
áreas campesinas reconocidas. Sin embargo, el gobierno de Jujuy dio de baja a
estas áreas campesinas, lo que representa un grave retroceso en la protección
de los territorios y los derechos de las comunidades.
Hoy, las Yungas en Jujuy sufren ataques y
desmontes sin control, con el consiguiente desplazamiento de comunidades y
familias sin resarcimiento económico. Esta situación exige una respuesta
urgente y contundente por parte de las autoridades y de la sociedad en su
conjunto.
Carrizo hace un llamado a replantear las
estrategias para enfrentar la situación actual y evitar seguir relatando
tragedias que son el resultado de las desigualdades. Es necesario que los
empresarios se desprendan de su actitud y asuman su responsabilidad en la
situación actual de la humanidad, que va más allá del cambio climático.
La dirigente del MOCASE propone tejer
estrategias comunes para enfrentar esta situación y evitar seguir relatando
"campeonatos de desgracias". Es necesario rearmarse y reagruparse
para frenar lo que está perjudicando a la gran mayoría.
Carrizo destaca que las provincias son
responsables de ejecutar el presupuesto destinado a la protección de los
bosques y al apoyo a las comunidades. Por lo tanto, es fundamental exigir a los
gobiernos provinciales que cumplan con sus obligaciones y que garanticen el
acceso a los recursos y a los programas que necesitan las comunidades para
proteger sus territorios y sus medios de vida.
Finalmente, Carrizo aboga por sostener una
herramienta legal que ampare no solo a las poblaciones rurales, sino a toda la
sociedad. Exige la reforestación con especies nativas y la construcción de un
futuro mejor, con la fortaleza de construir en todos los ámbitos.
Del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), quien expresa la importancia de la
ley de bosques para las comunidades indígenas y campesinas, y cómo el
movimiento campesino defiende sus territorios.
La Ley de Bosques en Santiago del
Estero: una herramienta de lucha en un territorio amenazado
El testimonio Corbalán revela la complejidad de
la implementación de la Ley de Bosques en su provincia. Si bien la ley
representa un avance y genera expectativas importantes para el sector campesino
indígena, su aplicación enfrenta desafíos y contradicciones que ponen en riesgo
la protección de los bosques nativos y los territorios ancestrales.
Corbalán destaca que la ley se ha convertido en
una herramienta de lucha para las comunidades organizadas y movimientos como el
MOCASE. La conciencia de lucha que se ha extendido en la provincia permite
utilizar la ley para frenar proyectos que, bajo la apariencia de protección o
cuidado del monte, en realidad encubren intereses que buscan someter o invadir
estos territorios ancestrales.
Sin embargo, la preocupación de Corbalán es que
la ley no es suficiente para garantizar la protección de los bosques nativos. A
pesar de que existen mecanismos legales para impedir la violación de los
territorios donde hay comunidades organizadas, los intereses que buscan el
desmonte y la explotación de los recursos naturales encuentran formas de eludir
la ley y de avanzar sobre los bosques. Santiago del Estero es una de las
provincias con mayor ruralidad y lucha en el territorio, pero también es una de
las que más ha perdido bosques nativos. Esta pérdida se agrava con el paso del
tiempo y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades campesinas e
indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia.
Cree que la participación de los dirigentes en
la defensa del territorio es fundamental, pero se enfrentan a numerosas
dificultades. La falta de recursos, la presión de los intereses económicos y la
falta de voluntad política para hacer cumplir la ley son algunos de los
obstáculos que enfrentan en su lucha. Corbalán enfatiza que los bosques existen
donde hay familias campesinas, ya que son ellas quienes los protegen y los
conservan. Donde no hay comunidades campesinas, los desmontes avanzan y arrasan
con todo. La fauna se refugia en los bosques que conviven con las comunidades,
lo que demuestra la estrecha relación entre la vida de estos seres vivos y la
vida del ser humano campesino indígena.
El acceso a los planes de conservación es otro
de los desafíos que enfrentan las comunidades. Para acceder a estos planes, es
necesario contar con un profesional que los firme, lo cual representa un costo
muy elevado para la mayoría de las comunidades. Esta situación limita su
capacidad para implementar proyectos de conservación y manejo sostenible de los
bosques. Corbalán destaca la importancia de la participación y de la difusión
de la ley para frenar el modelo que empuja a la reducción de los espacios de
vida de las comunidades campesinas e indígenas. Es necesario que haya
compañeros comprometidos y herramientas para seguir difundiendo la ley y
poniéndola en práctica.
Finalmente, Corbalán destaca que el MOCASE
habla de la Ley de Bosques en cada asamblea, ya que es el día a día que les
toca vivir. Reconoce que no todos los profesionales forestales están
preocupados por el ambiente, pero valora la existencia de algunos que trabajan
con el sector y que comparten su compromiso con la protección de los bosques
nativos.
La relación entre técnicos – expertos y
representantes de comunidades indígenas para hacer cumplir la ley de bosques y
defender los territorios, el desarrollo y vidas de las comunidades.
En los seminarios
sobre la ley de bosques nativos, varios interlocutores expresan sus puntos de
vista sobre la relación entre técnicos/expertos y representantes de comunidades
indígenas para hacer cumplir la ley, defender territorios, y promover el desarrollo
y la vida de las comunidades. Los panelistas coinciden en la necesidad de una
mayor participación y coordinación de las comunidades, pero también resaltan la
importancia de que se reconozcan los conocimientos y capacidades de los
técnicos locales y de que se simplifiquen los trámites burocráticos para
acceder a los beneficios de la ley.
Jorge Nahuel menciona que los avances y derechos logrados
en las últimas décadas no fueron un regalo, sino producto de la lucha y
movilización de los pueblos indígenas y campesinos. Subraya la importancia de
que la sociedad comprenda que la tragedia ambiental no es solo un problema de
los pueblos indígenas, sino de todos, y que debe haber un compromiso concreto
con su lucha.
Alicia Yurquina señala que, si bien Salta fue una de las
primeras provincias en adherirse a la ley nacional, inicialmente no hubo
convocatoria a las organizaciones de pueblos indígenas para integrar el consejo
asesor de ordenamiento territorial. Añade que en los procesos de ordenamiento
territorial, las comunidades indígenas deben participar en el desarrollo y no
solo ser invitadas a informar los resultados.
Eugenia Sosa destaca el proceso participativo en Córdoba,
donde las comunidades campesinas e indígenas, junto con organizaciones
ambientalistas y universidades, lograron poner un freno al avance del
agronegocio. Menciona que la ley de bosques fue la primera en nombrar a las
comunidades campesinas, reconociéndolas como protectoras y guardianas del
bosque. Sin embargo, también señala dificultades como el bajo presupuesto y la
necesidad de reconocer a los promotores locales, capacitados en las
comunidades, aunque no tengan título universitario, para la elaboración de los
planes.
Víctor Rosales menciona la necesidad de articular el sector
con los parlamentarios y fortalecer el involucramiento y la transparencia de
las instituciones forestales.
Guido Corbalán señala que para acceder a los planes de la
ley, las comunidades campesinas o indígenas necesitan un profesional que firme
los planes, lo cual representa una dificultad económica. También destaca la
importancia de que los estudiantes de la escuela de agroecología, técnicos de
formación popular y pobladores que conocen los territorios, sean reconocidos
para acompañar los proyectos.
Rubén Manfredi destaca la importancia de trabajar en forma
conjunta y articulada, uniendo acciones en los territorios, ya que la
democracia delegativa está en crisis.
En el segundo
seminario, Rubén plantea que
los sectores de pueblos originarios y campesinos, junto con las pymes de
transformación, deben encontrar un camino de alianza para dar los debates
necesarios para avanzar en el uso y manejo de los bosques.
Luis María Mestre recuerda que al comienzo de la ley, se
discutía cómo iba a ser el fondo y cuánto iba a corresponder por hectárea, pero
los números eran irrisorios, lo que dificultaba el cumplimiento del objetivo de
conservar y manejar sustentablemente los bosques.
Rodrigo José Robeta menciona la importancia de realizar un
análisis profundo de la estrategia de implementación de la ley y de simplificar
los esquemas de planificación para facilitar la implementación en el
territorio.
El impacto en Argentina a partir de la
sanción de la "Ley Ómnibus" en las posibilidades de continuar
profundizando los cambios que promueve la Ley de Bosques.
La sanción de la Ley
Ómnibus en Argentina, cuyo título formal es "Ley de Bases y Puntos de
Partida para la Libertad de los Argentinos", impacta significativamente la
aplicación y los objetivos de la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331). Esta última,
sancionada en 2007, establece un régimen de protección para los bosques nativos
del país mediante la regulación de actividades y el ordenamiento territorial.
La Ley Ómnibus, en su
versión original y tras su debate parlamentario, introduce modificaciones
sustanciales que han generado preocupación en organizaciones ambientalistas y
sectores de la sociedad civil. Estas modificaciones, en líneas generales,
flexibilizan las restricciones sobre el uso de los bosques nativos y reducen
las exigencias para ciertas actividades productivas.
Uno de los puntos más
controversiales es la modificación de las categorías de ordenamiento
territorial de los bosques. La Ley de Bosques original establece tres
categorías (rojo, amarillo y verde) según su valor de conservación, con
restricciones progresivas para el desmonte y otras actividades. La Ley Ómnibus
permite reclasificar zonas de alto valor de conservación (categoría roja) como
zonas de menor valor (categoría amarilla o verde), lo que habilita un mayor
aprovechamiento productivo, incluyendo el desmonte en algunos casos.
Otro aspecto relevante
es la derogación de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto
ambiental para ciertas actividades en bosques nativos. Esto agiliza los
procesos productivos pero reduce el control sobre los posibles impactos
negativos en el ambiente y la biodiversidad.
Asimismo, se plantea
la eliminación del Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques
Nativos, encargado de financiar actividades de conservación y manejo
sostenible. Esto implica una desfinanciación de la gestión de los bosques
nativos y debilita la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar el
cumplimiento de la ley.
Estas modificaciones,
en su conjunto, representan un retroceso en la protección de los bosques
nativos y contradicen los objetivos de la Ley de Bosques original, que buscaba
promover la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos
ecosistemas.
El impacto de la Ley
Ómnibus en la Ley de Bosques aún está en desarrollo, ya que algunas
disposiciones pueden requerir reglamentación y la implementación de las
modificaciones puede enfrentar desafíos legales y sociales. Sin embargo, la
tendencia general apunta hacia una mayor flexibilización en el uso de los
bosques nativos, lo que podría acelerar la deforestación y la pérdida de
biodiversidad, así como afectar negativamente a las comunidades que dependen de
estos ecosistemas.
Es importante destacar
que la Ley de Bosques ha sido un instrumento fundamental para reducir la
deforestación en Argentina en comparación con décadas anteriores. Su
implementación ha logrado avances significativos en la protección de los
bosques nativos y el ordenamiento territorial. No obstante, la Ley Ómnibus pone
en riesgo estos logros y plantea un escenario de mayor vulnerabilidad para los
bosques nativos y la biodiversidad asociada.
Ineficacia en el manejo de fondos de la Ley
de Bosques y su impacto: la visión de los agentes estatales sobre los finqueros
La Ley de Bosques
Nativos (Ley 26.331) en Argentina, sancionada en 2007, creó el Fondo Nacional
de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos, destinado a financiar
actividades de conservación y manejo sostenible de los bosques. Sin embargo, la
gestión de estos fondos por parte de los organismos gubernamentales
provinciales ha sido objeto de críticas y señalamientos por su ineficacia, lo
que ha generado diversas consecuencias negativas. Al abordar estos desafíos y
promover un diálogo constructivo entre agentes estatales y los actores
involucrados entre ellos “los finqueros” (Ver apartado “Una tipología de
finqueros…” sobre la complejidad de este sector), se podrá avanzar hacia un
manejo más eficiente y equitativo de los bosques nativos, en beneficio de toda
la sociedad.
- Falta de transparencia y rendición de
cuentas: Ss ha denunciado la falta de transparencia en la asignación y
ejecución de los fondos, así como la ausencia de mecanismos efectivos de
rendición de cuentas por parte de las provincias. Esto dificulta el
seguimiento del destino de los recursos y favorece la discrecionalidad en
su utilización.
- Capacidades institucionales limitadas: muchos
organismos provinciales carecen de personal capacitado y recursos técnicos
adecuados para gestionar los fondos de manera eficiente. Esto se traduce
en demoras en la ejecución de proyectos, falta de control sobre el
cumplimiento de los objetivos y dificultades para la evaluación de los
resultados.
- Prioridades políticas y conflictos de
interés: en algunos casos, los fondos se han utilizado para financiar
proyectos que no se ajustan a los objetivos de la Ley de Bosques,
respondiendo a prioridades políticas o intereses particulares. Esto
desvirtúa el espíritu de la ley y compromete la conservación de los
bosques nativos.
- Falta de coordinación interjurisdiccional:
la falta de coordinación entre los gobiernos nacional y provinciales, así
como entre las diferentes áreas de gobierno dentro de cada provincia,
dificulta la implementación de políticas integrales de manejo de bosques y
genera superposición de esfuerzos o falta de acción en áreas clave.
La ineficacia en el
manejo de los fondos de la Ley de Bosques genera diversas consecuencias
negativas:
- Pérdida de oportunidades para la
conservación: se pierden recursos valiosos que podrían destinarse a la
protección y restauración de los bosques nativos, así como al apoyo de
actividades productivas sostenibles que contribuyan a su conservación.
- Aumento de la presión sobre los bosques: la
falta de control y fiscalización, sumada a la escasez de recursos para
promover alternativas productivas, puede aumentar la presión sobre los
bosques nativos, favoreciendo la deforestación y el cambio de uso del
suelo.
- Desconfianza y conflicto social: la falta
de transparencia y la percepción de que los fondos no se utilizan de
manera adecuada generan desconfianza en la gestión de los bosques nativos
y pueden desencadenar conflictos entre diferentes actores sociales, como
comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y productores
agropecuarios.
En este contexto, la
visión de los agentes estatales sobre los finqueros o propietarios de tierras
en relación con la Ley de Bosques es compleja.
- Estereotipos y prejuicios: algunos agentes
estatales tienen una visión estereotipada de los finqueros como actores
que solo buscan el beneficio económico a corto plazo, sin importarles la
conservación de los bosques. Esto puede generar prejuicios y dificultar el
diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.
- Falta de conocimiento y comunicación: en
muchos casos, existe una falta de conocimiento mutuo entre agentes
estatales y finqueros sobre las actividades productivas, las prácticas de
manejo de bosques y las necesidades de cada sector. Esto dificulta la
implementación de políticas públicas efectivas y adaptadas a la realidad
local.
- Intereses contrapuestos: ss común que
existan intereses contrapuestos entre la conservación de los bosques y el
desarrollo de actividades productivas. Los agentes estatales pueden tener
dificultades para encontrar un equilibrio entre ambos objetivos, lo que
puede generar tensiones con los finqueros.
Para mejorar la
eficacia en el manejo de los fondos de la Ley de Bosques y promover una mejor
relación entre agentes estatales y finqueros, se recomienda:
- Mayor transparencia y rendición de
cuentas: establecer mecanismos claros y accesibles para la rendición de
cuentas y la divulgación de información sobre la asignación y ejecución de
los fondos.
- Fortalecimiento de capacidades
institucionales: invertir en la capacitación del personal, la adquisición
de equipos y la mejora de la infraestructura de los organismos
provinciales encargados de la gestión de los bosques.
- Participación y diálogo: promover la
participación de todos los actores sociales, incluyendo finqueros,
comunidades originarias y organizaciones ambientalistas, en la toma de
decisiones relacionadas con el manejo de los bosques.
- Políticas públicas integrales: desarrollar
políticas públicas que aborden de manera integral la conservación de los
bosques, el desarrollo de actividades productivas sostenibles y la
promoción de la justicia social.
Monopolio de técnicos expertos en planes de
manejo de bosques en Salta: consecuencias para la transformación social
inclusiva y la protección del bosque
Desde la sanción de la
Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26.331) en 2007, se ha observado en Salta
cierto monopolio por parte de técnicos expertos en la elaboración de los planes
de manejo de conservación de bosques. Esta situación, si bien puede responder a
la necesidad de contar con profesionales capacitados para el diseño de planes
técnicos adecuados, puede generar consecuencias negativas para los objetivos de
transformación social inclusiva y la protección del bosque que busca la Ley de
Bosques.
El monopolio de
técnicos expertos en los planes de manejo de bosques en Salta, desde la sanción
de la Ley Nacional de Bosques Nativos, genera las siguientes consecuencias
negativas:
- Exclusión de actores locales: Al
concentrar la elaboración de los planes de manejo en manos de un grupo
reducido de técnicos expertos, se excluye a otros actores locales, como
comunidades originarias, pequeños productores y organizaciones de la
sociedad civil, que tienen un conocimiento profundo del territorio y de
las dinámicas socioambientales de los bosques. Esta exclusión limita la
participación y el control social en la gestión de los bosques, lo que
puede generar conflictos y dificultar la implementación de planes de
manejo consensuados y adaptados a las necesidades locales.
- Falta de diversidad de enfoques: La visión
técnica y especializada de los expertos puede privilegiar aspectos
meramente productivos o económicos, dejando de lado otras dimensiones
importantes, como la conservación de la biodiversidad, la protección de los
servicios ecosistémicos y el respeto de los derechos de las comunidades
locales. Esta falta de diversidad de enfoques puede comprometer la
sostenibilidad de los bosques y la equidad en la distribución de los
beneficios que se derivan de su uso.
- Concentración del poder y los recursos: El
monopolio de los técnicos expertos en la elaboración de los planes de
manejo puede generar una concentración del poder y los recursos en manos
de un grupo reducido, lo que puede perpetuar desigualdades sociales y
económicas existentes. Esta situación puede dificultar el acceso a los
beneficios de la Ley de Bosques por parte de los sectores más vulnerables,
como las comunidades originarias y los pequeños productores, que pueden no
contar con los recursos económicos o técnicos para contratar los servicios
de un técnico experto.
- Limitación de la innovación y la
adaptación: La falta de participación de otros actores locales en la
elaboración de los planes de manejo puede limitar la innovación y la
adaptación de las prácticas de manejo a las condiciones locales y a los
cambios ambientales. Los conocimientos y las experiencias de las
comunidades locales pueden ser valiosos para el desarrollo de prácticas de
manejo más sostenibles y resilientes, pero su exclusión puede impedir su
incorporación en los planes de manejo.
Estas consecuencias
negativas del monopolio de técnicos expertos en los planes de manejo de bosques
pueden obstaculizar el logro de los objetivos de transformación social
inclusiva y protección del bosque que busca la Ley de Bosques.
- Transformación social inclusiva: La
exclusión de actores locales, la falta de diversidad de enfoques y la
concentración del poder y los recursos pueden profundizar las
desigualdades sociales y económicas existentes, impidiendo que los
beneficios de la Ley de Bosques lleguen a todos los sectores de la
sociedad, especialmente a los más vulnerables.
- Protección del bosque: La falta de
participación, la limitada diversidad de enfoques y la menor capacidad de
innovación y adaptación pueden comprometer la sostenibilidad de los
bosques y la protección de su biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Para evitar estas
consecuencias negativas, es necesario promover una mayor participación de los
actores locales en la elaboración de los planes de manejo de bosques, así como
fomentar la diversidad de enfoques y la transparencia en la toma de decisiones.
Algunas recomendaciones para lograrlo son:
- Creación de espacios de participación: establecer
mecanismos de participación efectivos que permitan a las comunidades
originarias, pequeños productores y organizaciones de la sociedad civil
involucrarse en la elaboración de los planes de manejo, aportando sus
conocimientos y experiencias.
- Fomento de la diversidad de enfoques: promover
la incorporación de diferentes perspectivas en los planes de manejo,
incluyendo aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales y
culturales.
- Descentralización de la toma de
decisiones: fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y las
organizaciones de la sociedad civil para participar en la gestión de los
bosques y la toma de decisiones relacionadas con su manejo.
- Apoyo a la formación y capacitación: brindar
apoyo técnico y financiero a las comunidades locales y pequeños
productores para que puedan desarrollar sus propias capacidades de gestión
de bosques y elaborar sus propios planes de manejo.
Al implementar estas
recomendaciones, se podrá avanzar hacia una gestión de los bosques más
participativa, inclusiva y sostenible, que contribuya a la transformación
social y la protección del valioso patrimonio natural de Salta.
La media sanción de la Ley del nuevo OTBN en
Diputados Salta
La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta
ha aprobado dos proyectos de ley importantes relacionados con el ordenamiento
territorial de bosques nativos y la suspensión de desalojos de pequeños
productores agropecuarios.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
ley que da por cumplido el proceso participativo de actualización y revisión
del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Salta, en cumplimiento del artículo 6° del Decreto N° 2785/2009, que reglamenta
la Ley N° 7543. Esta ley provincial fue sancionada en concordancia con el
artículo 6° de la Ley Nacional N° 26.331, la cual establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El OTBN determina
las categorías de conservación mediante criterios de sustentabilidad ambiental.
El proceso de actualización del OTBN se inició
en 2021 por el Ejecutivo Provincial, involucrando a un equipo técnico
multidisciplinario. Este equipo incluyó personal de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, el INTA, CONICET, INENCO, la Universidad Nacional de
Salta, el INAI, la Administración de Parques Nacionales y un programador
independiente. Las actividades se llevaron a cabo según la Resolución N°
236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que establece las
pautas metodológicas para la actualización de los ordenamientos territoriales
de los bosques nativos.
El proceso participativo incluyó a asociaciones
de productores, instituciones académicas y técnicas, representantes del Estado
Nacional, Provincial y Municipal, representantes de pueblos originarios,
productores y otras instituciones. Tras un taller participativo, el equipo
técnico elaboró un informe con una propuesta de actualización del soporte
cartográfico dinámico, respetando las categorías de la Ley N° 26.331.
Para determinar la superficie de cada
categoría, se consideró el riesgo hidrológico y los principios de progresividad
y no regresividad. Se definió un Área de Producción y Conservación (APC),
identificada con color amarillo oscuro en el mapa, que no es una nueva
categoría de conservación. La Categoría III (verde), de bajo valor de
conservación, se irá definiendo sobre el APC, según los proyectos de cambio de
uso de suelo que se autoricen, respetando los porcentajes asignados para cada
cuenca.
La Dirección de Bosques de Nación realizó
observaciones al informe técnico, que fueron incorporadas mediante una adenda.
La ley considera cumplido el proceso participativo de actualización y revisión
del OTBN, incorporando el informe técnico final y su soporte cartográfico como
anexos.
En el APC, la Categoría III (verde) se irá
identificando a medida que se defina a nivel predial, y su remanente se
incorporará a la Categoría II (amarillo), previa verificación técnica de
sustentabilidad. Los proyectos vinculados con actividades permitidas para la
Categoría III deberán contar con consulta libre, previa e informada, conforme
al artículo 3 inciso 11 de la Ley N° 7543 y el Convenio OIT N° 169.
Se modifica el artículo 14 de la Ley N° 7543,
estableciendo que las áreas de la Categoría II con pendiente superior al 15% o
con suelos con limitaciones severas se destinarán a usos de aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación científica. Se permitirá el
manejo sostenible de los bosques nativos, sistemas de ganadería silvo-pastoril,
incorporación de espacios naturales al Sistema Provincial de Áreas Protegidas,
y turismo que proteja el patrimonio cultural y el medio ambiente.
También se modifica el artículo 20 de la Ley N°
7543, requiriendo que las urbanizaciones, obras públicas, energéticas o de
transporte en las zonas comprendidas en las categorías del OTBN, que impliquen
un cambio de uso de suelo, sean autorizadas por la Autoridad Competente, con
vista previa de la Autoridad de Aplicación de la ley. Las áreas de conservación
del OTBN podrán ser objeto de certificación voluntaria de bonos verdes, siempre
que cuenten con un plan de conservación o manejo de bosques nativos aprobado.
Los procedimientos administrativos iniciados se
regirán por la normativa vigente al momento de su presentación. La Autoridad de
Aplicación deberá establecer los procedimientos para la identificación de las
áreas en Categoría III en las áreas de producción y conservación en un plazo de
120 días a partir de la promulgación de la ley. En 180 días, deberá concluir la
identificación de los desmontes ejecutados desde el primer OTBN y determinar su
legalidad, estableciendo un plan de acción para cumplir con el artículo 40 de
la Ley Nacional N° 26.331.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
Ley que busca modificar el artículo 9º de la Ley Nº 7.658, prorrogando hasta el
31 de diciembre de 2025 la suspensión de ejecuciones de sentencias, medidas
cautelares y disposiciones judiciales relacionadas con el desalojo de tierras
ocupadas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios. La
normativa actual establece una prórroga hasta el 31 de diciembre del presente
año.
La medida se enfoca en familias rurales y
pequeños productores agropecuarios que cumplen con los artículos 1.898 o 1.899
del Código Civil y Comercial argentino. El objetivo es brindar un marco legal
para proteger sus derechos y facilitar la regularización dominial de tierras
judicializadas mediante políticas públicas efectivas.
La Ley Provincial Nº 7.658 establece como
política pública el apoyo a la regularización de la posesión de tierras
judicializadas de pequeños productores y familias rurales. La modificación
busca continuar con el trabajo de regularización y prevenir desalojos
compulsivos.
La aprobación del
proyecto alivia a comunidades rurales en Salta que viven bajo la amenaza
constante del desalojo, promoviendo la prevención de conflictos territoriales y
protegiendo medios económicos básicos relacionados con la agricultura familiar.
Existen muchos conflictos por tierras en la provincia, y el trabajo de la
Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encargada de la regularización dominial, es
lento debido a limitaciones presupuestarias.
Aprobación ley de OTBN en Senado Salta, dic
2024
El 12 de diciembre de 2024, la Cámara de
Senadores de Salta aprobó un proyecto de ley sobre el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La aprobación definitiva fue el 19
de diciembre de 2024. El Poder Ejecutivo lo promulgó mediante el Decreto Nº 896
el 27 de diciembre de 2024, y se publicó en el Boletín Oficial Nº 21.865 el 3
de enero de 2025.
Puntos clave de la ley:
- Proceso Participativo: La ley reconoce el cumplimiento del
proceso participativo para la actualización y revisión del OTBN en Salta.
El informe técnico final, su adenda y el soporte cartográfico
correspondiente se incorporan como Anexos I y II a la ley. Esto está en
conformidad con el Artículo 3 del Decreto N° 2785/2009, que reglamenta la
Ley 7543.
- Área de Producción y Conservación (APC): Dentro del APC, identificado con
amarillo oscuro y un punto verde en la cartografía aprobada (Anexo II),
las áreas de Categoría III (verde) se identificarán a nivel de propiedad
individual. Las áreas restantes se incorporarán a la Categoría II (amarillo)
después de la verificación técnica de la sustentabilidad. Este proceso
debe alinearse con los estándares ambientales de la Ley Nacional 26.331 y
la Ley 7543.
- Consulta para proyectos de Categoría III: Los proyectos relacionados con
actividades permitidas en la Categoría III requieren una consulta libre,
previa e informada, de acuerdo con el Artículo 3, Párrafo 11 de la Ley
7543 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También se deben garantizar los principios de igualdad, publicidad,
oralidad, informalidad y gratuidad de la participación.
- Modificación del Artículo 14 de la Ley
7543: Las áreas dentro de
la Categoría II que tienen una pendiente superior al 15% o limitaciones
severas del suelo solo pueden destinarse a usos sostenibles como el
aprovechamiento sostenible, el turismo, la recolección y la investigación
científica. Estas actividades deben promover el uso sostenible de los
bosques nativos, incluyendo el uso de recursos maderables y no maderables.
En particular, se puede realizar:
- Manejo Sostenible de los bosques nativos,
lo cual implica un aprovechamiento sostenible, enriquecimiento o
restauración, exclusivamente mediante explotación forestal, prácticas
silvícolas racionales, debiéndose presentar el Plan de Manejo Sostenible
de Bosques Nativos y obtenerse el correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental.
- Sistemas de Ganadería Silvo-Pastoril y/o
manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), los cuales impliquen un
uso sostenible de los recursos madereros y no madereros.
- Integración de espacios naturales y
seminaturales en el marco de la Ley 7107 del Sistema Provincial de Áreas
Protegidas de Salta.
- Turismo, tal como se define en el
Artículo 2 de la Ley 7045 y sus modificaciones, debe asegurar la
protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y ambiental.
- Especies nativas y emprendimientos
foresto-industriales pueden ser incorporados en proyectos forestales.
- Las propiedades fiscales con cobertura
boscosa propiedad de la provincia de Salta se incluyen en esta categoría.
- Modificación del Artículo 20 de la Ley
7543: Las urbanizaciones,
las obras públicas, la infraestructura, los proyectos energéticos o de
transporte, y las líneas de transporte de energía o comunicación en áreas
dentro de las categorías OTBN que impliquen un cambio en el uso del suelo
requieren la autorización de la autoridad competente. Estos proyectos
deben someterse al procedimiento establecido en el Título III, Capítulo VI
de la Ley 7070 y deben contar con la aprobación previa de la autoridad de
aplicación de la Ley.
- Certificación voluntaria de bonos verdes: Las áreas dentro de las categorías de
conservación OTBN pueden certificarse para bonos verdes voluntarios
relacionados con el cambio climático, siempre que tengan un plan de
conservación o un plan de manejo de bosques nativos aprobado por la
autoridad de aplicación.
- Procedimientos administrativos: Los procedimientos administrativos
relacionados con las actividades permitidas para cada categoría de
conservación se regirán por las normas vigentes al momento de su
presentación o conclusión. La ley no tiene efecto retroactivo.
- Disposiciones transitorias:
- La autoridad de aplicación debe
establecer regulaciones dentro de los 120 días posteriores a la
promulgación de la ley para estipular los procedimientos para identificar
las áreas de Categoría III (verde) dentro de las áreas de producción y
conservación, de acuerdo con el Artículo 2 de la ley.
- La autoridad de aplicación debe completar
la identificación de las áreas deforestadas ejecutadas desde la
promulgación del primer OTBN dentro de los 180 días posteriores a la
promulgación de la ley y determinar su legalidad. Se debe determinar un
plan de acción para cumplir con el Artículo 40 de la Ley Nacional 26.331.
Fuentes consultadas
14 – set – 2024.
Seminario "Luces y Sombras en la Aplicación de la Ley 26331 de Bosques
nativos". FOPEA.
https://www.youtube.com/live/It8Iraw25xQ?si=rjHm_2E2gLE82L56
16 – nov – 2024. 2º
Seminario “Luces y Sombras en la Aplicación de la Ley 26.331”
https://www.youtube.com/live/GkTsYm6Fy84?si=BUXBTXq4hFFbG0wv
07 – oct – 2024.
Boletín Oficial de la República Argentina. Decreto 888/2024.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315308/20241008
2024. Fundación Vida
Silvestre Argentina.
https://www.vidasilvestre.org.ar/?27840/Un-nuevo-ataque-a-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-nuestros-bosques-nativos-El-Poder-Ejecutivo-Nacional-elimino-el-Fondo-Fiduciario-de-la-Ley-de-Bosques
10/12/2024 Sesión
ordinaria de la Cámara de Diputados Salta
https://www.diputadosalta.gob.ar/web/noticia?id=576
AFOPE (Asociación Forestal del Paraguay) es una organización sin fines
de lucro que representa los intereses del sector forestal paraguayo. Fundada en
1973, cuenta con más de 100 miembros, entre empresas, personas físicas y
cooperativas. Su misión principal es promover el desarrollo sostenible del
sector forestal en Paraguay y mejorar la competitividad de sus miembros. AFOPE
es miembro del Congreso Forestal Mundial y de la Federación Latinoamericana de
Silvicultura. También forma parte de la Cámara de Comercio Paraguaya. Está
gobernada por un consejo directivo, elegido por los miembros, que es
responsable de la gestión general de la organización. Se financia a través de
las cuotas de membresía y donaciones.
