La relación entre el ser humano y los animales ha sido objeto de una evolución constante a lo largo de la historia. Desde su rol como herramientas de trabajo hasta el reconocimiento progresivo de su sensibilidad, la sociedad avanza hacia una mayor conciencia sobre su bienestar. En Argentina, un hito fundamental en esta senda fue la sanción de la Ley N° 14.346, conocida como la "Ley Sarmiento", en 1954. Esta normativa pionera estableció penas para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra los animales, sentando las bases de una protección jurídica que, si bien perfectible, ha sido fundamental para iniciar el camino hacia una convivencia más ética.
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| Carrero con tracción a sangre |
A pesar de la existencia de esta ley, el uso de animales de tracción a sangre (TAS) ha persistido en diversas regiones del país, especialmente en el norte argentino. En ciudades como Salta, la imagen de caballos exhaustos tirando de carros cargados de residuos o mercaderías ha sido una postal cotidiana, revelando una cruda realidad de tensiones complejas. Por un lado, se encuentran los principios de la Ley 14.346, que prohíbe el maltrato animal, incluyendo la sobreexplotación, la falta de alimentación adecuada o el uso de instrumentos que causen dolor innecesario. Por otro lado, la TAS no es solo una práctica, sino en muchos casos, un medio de subsistencia para familias en situación de vulnerabilidad, lo que plantea un desafío social y económico significativo. Esta encrucijada, donde la necesidad humana choca con el derecho animal a una vida digna, exige soluciones que trasciendan la mera prohibición.
En este contexto, la experiencia de la Municipalidad de Salta, bajo la intendencia de Gustavo Sáenz (2015-2019), emerge como un modelo de gestión integral y un caso de estudio replicable. Conscientes de la doble problemática —el maltrato animal y la precarización de los carreros—, la administración municipal emprendió un ambicioso programa de erradicación de la TAS con el lema "Ni personas excluidas ni caballos maltratados".
El proceso no fue improvisado. Comenzó con un diagnóstico exhaustivo y un censo que permitió identificar a las familias dependientes de esta actividad, sus condiciones socioeconómicas y la situación de los equinos. Esta etapa fue crucial para entender la dimensión del problema y diseñar soluciones a medida. La estrategia fue multifacética: no se trató solo de una prohibición, sino de una reconversión laboral y social.
La piedra angular del plan fue la provisión de motocarros a los carreros a cambio de la entrega voluntaria de sus caballos y carros. Esta medida no solo liberó a los animales de una vida de explotación, sino que también dignificó el trabajo de las familias, ofreciéndoles una herramienta de trabajo moderna, eficiente y menos dañina para el ambiente. Además, se complementó con capacitaciones en oficios en las Escuelas de Artes y Oficios, brindando nuevas oportunidades laborales y fomentando la autonomía económica. Para aquellos que no podían capacitarse, se gestionaron puestos de trabajo formales dentro del propio municipio, asegurando que ninguna familia quedara desprotegida.
El destino de los caballos fue igualmente relevante. Aquellos equinos que fueron entregados por los carreros encontraron un nuevo propósito en centros de equinoterapia o en santuarios donde recibieron cuidados y una vida digna, lejos de la tracción y el sufrimiento. Este gesto no solo es un acto de compasión, sino que refuerza la noción, cada vez más aceptada en la jurisprudencia argentina —como lo demostró el reciente fallo que consideró a los caballos del "campo del horror Ezeiza" como "seres sintientes"—, de que los animales son sujetos de derecho, capaces de sentir y sufrir, y no meras "cosas".
La implementación de este programa se vio respaldada por una ordenanza municipal (N° 14.070) que prohibió la tracción a sangre en la ciudad a partir de agosto de 2017, consolidando legalmente el cambio. El éxito de esta iniciativa, que fue reconocida a nivel nacional, radica en haber abordado el problema desde una perspectiva integral: priorizando el bienestar animal sin desatender la dimensión social y económica de las familias involucradas.
La erradicación de los carreros en Salta es un testimonio de que es posible construir una sociedad más justa para todos sus habitantes, incluyendo a los no humanos. Es un llamado a la acción para otras jurisdicciones que aún enfrentan esta problemática, demostrando que con voluntad política, planificación y un enfoque humano-animal, se pueden transformar realidades complejas en historias de progreso y dignidad. La Ley 14.346 sentó las bases; experiencias como la de Salta nos muestran cómo construir sobre ellas un futuro donde el maltrato animal sea una dolorosa memoria del pasado.
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