Esta reflexión constituye un aporte fundamental de la Asociación Miguel Ragone para la Asociación RE.VER.DECER en el marco de su plan de acción estratégico de resistencia sobre la protección ambiental.
Sintesis uno.
Sintesis dos.
Cuando el Progreso Devora el Futuro: La Ofensiva
Extractivista contra los Bienes Comunes en Argentina
Por Fernando Pequeño Ragone, con Perplexity [1], NotebookLM
y Claude [2]
Contenidos
Cuandoel Progreso Devora el Futuro: La Ofensiva Extractivista contra los BienesComunes en Argentina
ElMismo Libreto, Distintos Escenarios
ElTablero de Actores: Intereses en Disputa
Desmontarel Discurso: El Falso Dilema entre Desarrollo y Ambiente
CuatroDimensiones Urgentes del Retroceso
DerechosHumanos, Autoritarismo y Soberanía
Líneasde Acción para Construir Resistencia
Haciauna Resistencia con Horizonte
En diciembre de 2024, mientras la atención pública se
dispersaba entre crisis económicas y debates legislativos frenéticos, la
provincia de Salta aprobó una ley que habilita el desmonte de 700.000 hectáreas
de bosque nativo. Pocos meses después, el gobierno nacional impulsa una reforma
a la Ley de Glaciares que transforma reservas estratégicas de agua en
territorios negociables. Ambos movimientos no son coincidencias aisladas: son
expresiones de una misma estrategia que, en nombre del desarrollo, está reconfigurando
quién decide sobre nuestros bienes comunes y en beneficio de quién.
El Mismo Libreto, Distintos Escenarios
La reforma a la Ley de Glaciares y la nueva ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta comparten una
arquitectura idéntica. Donde antes existían prohibiciones claras —no desmontar
bosques protegidos, no intervenir glaciares y ambientes periglaciales—, ahora
se abren puertas de entrada condicionadas a "evaluaciones caso por
caso", "criterios de relevancia estratégica" y decisiones de
autoridades provinciales fuertemente presionadas por intereses económicos inmediatos.
En ambos casos, el esquema es similar: se toma una ley de
protección general, científica y precautoria, y se la transforma en un
dispositivo flexible, provincializado y funcional a actividades extractivas.
Los glaciares dejan de ser protegidos como sistema integrado con su ambiente
periglacial para convertirse en unidades discretas que solo merecen resguardo
si la provincia considera que tienen "función hídrica efectiva". Los
bosques nativos se reclasifican para "liberar" superficie a la
expansión del agronegocio, pasando categorías rojas y amarillas (máxima y media
protección) a verde (desmonte posible).
El discurso legitimador también es compartido. En Salta, el
gobernador Gustavo Sáenz habló de "actualizar" y "corregir"
un ordenamiento "obsoleto" para "liberar el potencial
productivo", invocando la necesidad de desarrollo, empleo y crecimiento.
En la reforma de Glaciares, el Ejecutivo nacional y provincias mineras
sostienen que la ley vigente "impide inversiones" y debe adecuarse
para compatibilizar protección con explotación minera, bajo el relato de la
"transición energética".
Lo que está en juego no son ajustes técnicos menores. Es la
sustitución de una protección integral y preventiva —basada en presupuestos
mínimos nacionales, inventarios científicos y categorías de conservación— por
dispositivos "flexibles" diseñados para destrabar negocios
extractivos a costa del agua, el monte nativo y los derechos de las
comunidades.
El Tablero de Actores: Intereses en Disputa
Para comprender cómo se logran estas transformaciones
legislativas, es necesario mapear quiénes participan del conflicto y desde qué
posiciones.
Los propietarios desarrollistas —agricultores
empresariales, ganaderos, inmobiliarias rurales, corporaciones mineras— ven el
territorio como capital natural a valorizar. Bosques y glaciares son, desde
esta perspectiva, un "stock ocioso" cuya conservación implica un
"costo de oportunidad" inadmisible. Su discurso se centra en la
seguridad jurídica para inversiones, la lucha contra la pobreza mediante el
agronegocio y la minería, el "uso racional" de recursos y el
cuestionamiento a los "fundamentalismos verdes" que "impiden el
progreso". Presionan por regulaciones flexibles, permisos rápidos y la
posibilidad de "regularizar" desmontes ilegales mediante amnistías
ambientales.
Los funcionarios políticos —gobernadores de
provincias con recursos naturales estratégicos, senadores alineados con esos
ejecutivos— se presentan como defensores del "federalismo
productivo", reclamando autonomía para decidir sobre sus territorios y
cuestionando los "presupuestos mínimos" nacionales como trabas
impuestas desde Buenos Aires. Reproducen el marco discursivo del
"desarrollo o estancamiento" y legitiman la idea de que el
ordenamiento ambiental vigente "no refleja la realidad" ni las
"necesidades de la gente".
El gobernador Sáenz, en el caso del OTBN salteño, actuó como
bisagra entre los intereses de grandes propietarios y la estructura
institucional, impulsando personalmente el proyecto, priorizando su tratamiento
legislativo y defendiéndolo públicamente frente a las críticas. Su papel
anticipa el tipo de alineamiento que muchos gobernadores buscan reproducir en
la discusión sobre Glaciares: demanda de mayor "autonomía"
provincial, presión para flexibilizar normas nacionales de protección y
construcción del desarrollo como antagonista de la protección ambiental.
La gente común de las zonas afectadas —pequeños
productores, pobladores rurales, comunidades campesinas e indígenas— vive la
tensión entre promesas de empleo e inversión y experiencias concretas de
despojo, contaminación, pérdida de monte y agua. Su percepción es heterogénea:
algunos pueden ver con esperanza la llegada de obras, caminos e ingresos;
otros, especialmente quienes ya sufrieron desmontes y avance de la frontera
agropecuaria, identifican claramente el riesgo de expulsión, desalojos y
degradación ambiental. La falta de información accesible, la desigualdad de
poder y la ausencia de consulta genuina hacen que su capacidad de incidencia
sea muy limitada, aunque son quienes cargan con los impactos directos.
Los ambientalistas y organizaciones con conciencia del
impacto —Greenpeace, FARN, la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas, colectivos de base, equipos de investigación— sitúan estas
reformas como parte de un patrón de "avance extractivista en contexto de
crisis climática y ecológica". Su discurso enfatiza la pérdida de
biodiversidad, la afectación de derechos humanos (agua, alimentación, salud,
vivienda), el incumplimiento de la consulta previa a pueblos indígenas y las
violaciones a leyes nacionales y tratados internacionales. Greenpeace define la
reforma de Glaciares como "un ataque directo al agua de los
argentinos" y advierte que permitir intervenciones en zonas hoy protegidas
expone a los glaciares a contaminación, destrucción y eventual desaparición.
Estas organizaciones enfrentan campañas de estigmatización
("ambientalistas anti-desarrollo", "enemigos del progreso",
"funcionales a intereses externos") y un cerco mediático que margina
sus argumentos de los grandes canales de circulación.
Desmontar el Discurso: El Falso Dilema entre
Desarrollo y Ambiente
El relato oficial y empresarial se organiza en pares falsos
que conviene desarmar:
"Desarrollo vs. ambiente": Se presenta la
protección como un lujo "verde" que un país empobrecido no puede
darse, invisibilizando que la destrucción de monte, agua y suelos profundiza la
pobreza y la dependencia. No hay desarrollo posible sobre territorios
devastados: desmontes masivos y minería sin límites generan cortos ciclos de
bonanza para pocos y largos ciclos de degradación, desigualdad y conflictos
para muchos.
"Producción vs. intangible": Se construye
el ambiente como algo abstracto e infinito —bosques "reemplazables",
agua "renovable"—, mientras se omite su carácter de soporte material
limitado de la vida y de todas las economías. El ambiente no es intangible:
monte nativo y glaciares son infraestructura ecológica concreta que regula
clima, agua, suelos, polinización, modos de vida y culturas. Su pérdida se
traduce en costos económicos, sanitarios y sociales crecientes.
El verdadero "costo de oportunidad": Cada
hectárea de bosque perdida, cada cuenca afectada por intervención en glaciares
o ambiente periglacial, reduce la capacidad futura de sostener producción de
alimentos, agua potable y resiliencia climática. El discurso extractivista
necesita convertir la crisis ecológica en un dato secundario para poder
legitimar la expansión de un modelo que ya muestra límites planetarios. Por eso
invoca la transición energética, la lucha contra la pobreza y la competitividad
como justificación de flexibilizaciones que, en los hechos, agravan esas mismas
crisis.
Cuatro Dimensiones Urgentes del Retroceso
1. Agua dulce y seguridad hídrica
Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas
estratégicas de agua dulce para generaciones presentes y futuras. La reforma
erosiona este enfoque al condicionar la protección a la demostración de
"función hídrica efectiva" y a decisiones provinciales sectoriales.
Esto aumenta la vulnerabilidad de cuencas que dependen del aporte nival y
glaciar para consumo humano, riego, generación hidroeléctrica y mantenimiento
de ecosistemas. Un emprendimiento minero habilitado en área periglacial puede
generar drenaje ácido o afectación de geoformas congeladas cuyo impacto sobre
caudales de ríos de montaña se evidencia recién años o décadas después.
2. Degradación del principio precautorio
El principio precautorio implica que la falta de certeza
científica absoluta no puede usarse como excusa para postergar medidas de
protección cuando hay riesgo grave o irreversible. La reforma traslada el eje
desde "prohibición preventiva en áreas sensibles" a
"autorización condicionada a evaluaciones de impacto", cuya calidad y
neutralidad dependen de autoridades con intereses económicos inmediatos. Esto
fragmenta el enfoque ecosistémico: glaciares y ambiente periglacial dejan de ser
tratados como sistema integrado para convertirse en unidades discretas,
evaluadas aislada y funcionalmente.
3. Retroceso en el régimen federal de presupuestos
mínimos
La Constitución argentina establece que la Nación fija
presupuestos mínimos ambientales que las provincias pueden elevar pero no
perforar. Al delegar en provincias la definición de qué glaciares y geoformas
periglaciales entran efectivamente en el régimen de protección, se debilita el
piso nacional de protección ambiental, abriendo la puerta a una
"competencia a la baja" entre provincias para atraer inversiones
extractivas. El Inventario Nacional, herramienta federal, se diluye en un
mosaico de inventarios y criterios provinciales potencialmente divergentes y
permeables a presiones sectoriales.
4. Debilitamiento del conocimiento científico
El inventario fue concebido como un relevamiento técnico
exhaustivo para evitar discrecionalidades y omisiones intencionales. Con la
reforma, se vuelve dinámico y sujeto a revisión política, con posibilidad de
excluir glaciares "no estratégicos" según criterios acotados al
aprovechamiento hídrico productivo inmediato. Esto implica pérdida de
confiabilidad del inventario como herramienta científica y mayor opacidad: la
ciudadanía y las comunidades locales podrían desconocer qué áreas han sido
"desinventariadas" y liberadas para proyectos extractivos.
Derechos Humanos, Autoritarismo y Soberanía
Desde una perspectiva de derechos humanos, estas reformas no
son ajustes técnicos: implican reconfigurar quién decide sobre bienes comunes
vitales y en beneficio de quién.
El derecho humano al agua, a la alimentación adecuada, a un
ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos indígenas se ve
comprometido cuando decisiones estratégicas se toman sin consulta, con
información asimétrica y en función de intereses de inversión a corto plazo. La
OTBN de Salta fue fuertemente cuestionada por la falta de participación real y
la ausencia de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, en
violación del Convenio 169 de la OIT.
El avance de este modelo suele venir acompañado de mayor violencia
institucional: criminalización de defensores ambientales, represión de
protestas, utilización del aparato penal para desalojos y para proteger
proyectos cuestionados.
En clave global, puede leerse como expresión local de un
proceso más amplio: estados debilitados en su capacidad regulatoria y
cooptados por agendas de extrema derecha y corporaciones transnacionales
que promueven un "autoritarismo extractivo"—concentración de poder,
restricción de derechos y uso del aparato estatal para garantizar la extracción
de bienes comunes.
Esto conlleva una desarticulación de la matriz
democrática: los grandes temas (agua, bosques, clima) se deciden por
decreto, en sesiones extraordinarias exprés o a espaldas de las comunidades,
erosionando el sentido de la representación y la participación. La OTBN de
Salta se aprobó en un contexto de fuerte cuestionamiento social pero el
gobierno provincial optó por avanzar de todos modos, utilizando mayorías
legislativas alineadas y reduciendo márgenes de deliberación democrática real.
Finalmente, implica un debilitamiento de la soberanía:
al flexibilizar leyes clave para atraer grandes inversiones, los Estados ceden
capacidad de definir los usos del territorio a cadenas globales de valor y a
tribunales arbitrales internacionales, condicionando sus políticas futuras.
En este marco, la defensa de glaciares y bosques nativos es,
a la vez, una defensa de la democracia sustantiva y de la soberanía popular
sobre los bienes comunes.
Líneas de Acción para Construir Resistencia
Frente a este escenario, es posible identificar líneas de
acción para cada uno de los actores involucrados:
Para propietarios desarrollistas y empresariado local
- Reconversión
y transición justa: Promover incentivos y marcos que premien modelos
productivos que conserven bosque (manejo forestal comunitario,
agroecología, turismo de naturaleza, sistemas silvopastoriles) y
desincentiven desmontes o emprendimientos de alto impacto.
- Pactos
territoriales: Abrir mesas donde estos actores incorporen criterios
ecosistémicos y de derechos humanos, asumiendo que la viabilidad de sus
propios emprendimientos depende de mantener el soporte ecológico.
Para funcionarios políticos
- Reconocer
límites: Asumir públicamente que el rol del Estado no es maximizar
rentas extractivas sino garantizar condiciones de vida presentes y
futuras, y que esto incluye respetar estrictamente normas ambientales,
consulta previa y sentencias judiciales.
- Institucionalizar
participación: Establecer mecanismos obligatorios y vinculantes de
audiencia pública, consulta indígena intercultural y evaluación ambiental
estratégica para cualquier reforma de leyes de protección de bosques,
glaciares y agua.
Para la gente común de las zonas afectadas
- Organización
comunitaria: Fortalecer asambleas, cooperativas y redes territoriales
que puedan producir información propia, documentar impactos y disputar
sentidos sobre "desarrollo" desde la experiencia cotidiana.
- Articulación
multiescalar: Vincular luchas locales (contra un desmonte, un proyecto
minero) con redes provinciales, nacionales e internacionales que aporten
visibilidad, apoyo jurídico y presión política.
Para ambientalistas y organizaciones socioambientales
- Producción
de contra-información: Elaborar mapas alternativos, peritajes
independientes, dossiers de casos que muestren la relación entre
desmontes/intervenciones en glaciares y vulneración de derechos humanos,
para disputar el relato oficial.
- Estrategias
combinadas: Combinar litigio estratégico (acciones de
inconstitucionalidad, amparos colectivos, reclamos por falta de consulta
previa), incidencia parlamentaria, campañas comunicacionales y pedagogía
popular ambiental, colocando la defensa de bosques y glaciares como tema
de democracia y justicia social, no como agenda sectorial.
Greenpeace y otras organizaciones ya están lanzando campañas
para que la ciudadanía envíe mensajes a senadores pidiendo que voten en contra
de la reforma, realizando protestas en el Congreso y cuestionando la
constitucionalidad de estas iniciativas.
Hacia una Resistencia con Horizonte
Estas líneas de acción apuntan a construir una resistencia
que no solo diga "no" a la flexibilización de leyes ambientales, sino
que proponga horizontes de vida digna y desarrollo en clave de justicia
ecológica y derechos humanos.
Lo que está en juego es mucho más que glaciares o bosques
aislados. Es el acceso al agua como derecho humano esencial, la posibilidad de
sostener economías regionales, la supervivencia de comunidades enteras y la
capacidad de las generaciones futuras de habitar territorios que hoy estamos
decidiendo sacrificar.
El modelo extractivista, en nombre del progreso, profundiza
la desigualdad, el autoritarismo y la pérdida de soberanía sobre los
territorios. Frente a ello, la defensa de los bienes comunes se vuelve un acto
de resistencia democrática y un ejercicio de soberanía popular.
Como advierte el manifiesto de Fundación REVERDECER: los
efectos de estas reformas no serán inmediatos, pero sí profundos y duraderos.
Afectarán cuencas, economías regionales y comunidades enteras, transformando
lenta pero persistentemente territorios de montaña y bosque en zonas de
sacrificio.
La pregunta que nos interpela es simple y urgente: ¿qué país
queremos dejarles a quienes vendrán? ¿Uno donde el agua, la vida y el futuro
sean negociables, o uno donde los bienes comunes estén genuinamente protegidos
para garantizar la vida de todos?
[1]
Orden (Perplexity): Contempla las proposiciones en el documento adjunto (Manifiesto
de la Fundación RE.VER.DE.SER). Desarrolla ampliamente y selecciona las
dimensiones más urgentes y de impacto estructural futuro del retroceso de la
protección ambiental que supone la modificación en la Ley de Glaciares. Indica
los puntos centrales de la modificación en el texto de la ley.
[2]
Orden (Claude): Construye un ensayo
con el texto que te adjunto. Encuentra un título general. En estilo de
divulgación para un público general. Concéntrate en los puntos que a
continuación de menciono. Compara las dimensiones que indicas como más urgentes
a subrayar en el debate público, con la Ley de OTBN sancionada en Salta en
diciembre de 2024. Establece comparaciones sobre cómo el loby desarrollista y
extractivista consiguió el desmonte de 700 mil hectáreas apelando al mismo
criterio que hoy busca el gobierno nacional sobre la desregulación de la
protección integral que prevé la ley. Desarrolla líneas de comprensión
hipotéticas y generales sobre cómo se posicionan los actores involucrados: los
propietarios desarrollistas del suelo, los funcionarios políticos (Senadores y
Gobernadores), la gente común que vive en las zonas que serán afectadas y los
ambientalistas con conciencia del impacto. Desmiembra el discurso de la
necesidad de desarrollo hoy frente al ambiente intangible e infinito. Concluye
con una meritación profunda desde la perspectiva de derechos humanos que
advierte el aumento de la violencia institucional, de la expansión de estados
autoritarios cooptados por extremas derecha planetarias, la desarticulación de
la matriz democrática y el debilitamiento de la soberanía. Enuncia líneas de
acción para cada uno de los actores antes mencionados, para comenzar a armar
una resistencia.
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