A quince años, la necesidad de una evaluación en el contexto próximo de debatirse en Diputados el nuevo Ordenamiento Territorial.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los
resultados de la Ley de Bosques implementada en Salta hace quince años?
En noviembre de
2007, se sancionó la Ley Nacional Nº 26.331 (conocida como “ley de bosques”),
que instó a cada provincia a realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos. Salta fue una de las primeras jurisdicciones en llevarlo a cabo
mediante la Ley N º 7.543, sancionada en diciembre de 2008. Los primeros Planes
de Manejo datan de 2011
Podría
sintetizarse que en la provincia transcurrieron quince años de experiencias entre
productores, técnicos y funcionarios políticos, en torno al mandato de esta
Ley; lo que permite pensar en la necesidad de evaluar lo actuado y lo sucedido.
Como en toda política pública, la evaluación y las miradas están necesariamente
orientadas de acuerdo al sector desde el cual se actúa y se transita.
En el caso de la
Asociación Miguel Ragone, se trata de una institución que recientemente (no más
de cuatro años) mira los procesos del Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos (OTBN) desde el paradigma de la Justicia Ambiental, en franco diálogo
con sectores desarrollistas y conservacionistas, en todos sus gradientes y sus
relativas posiciones frente a los gobiernos provinciales, nacionales y los
sectores del poder académico circulando en el “campo de juego”.
No se puede
conservar sin desarrollo, y sin inclusión de los pequeños productores y
pobladores del monte; y el desarrollo sin conservación no es sustentable; es un
principio que la institución podría enarbolar. Y un segundo; que “el color del
suelo es el color del territorio”
, lo cual sintetiza nuestra visión tradicional de derechos humanos, en la
perspectiva del desarrollo y la conservación; y viceversa.
La discusión
pública en torno al OTBN en Salta, ha redundado desde 2009 en torno a los
colores del suelo y las posibilidades de desarrollo o no de sus propietarios.
Poco y nada se habló de los tenedores precarios de la tierra. Poco se dijo de
la misma manera, acerca de la conservación en esos mismos suelos pintados de
rojo, verde y amarillo. El OTBN pareciera haber despertado una fiebre por el
desarrollo, sin el paralelo de la conservación como hubiese sido de esperarse.
Frente al OTBN y
como dupla inseparable, la Ley de Bosques tiene un segundo componente que es el
sistema de subsidios para la conservación. Los subsidios se difundieron
localmente entre los finqueros que accedieron a los mismos, como un cobro de
los Planes Anuales de Manejo en el marco de Planes Generales de Manejo que
tienen una duración de diez años. Los primeros de esos planes de manejo
estarían venciendo en estos años. O ya han vencido y requieren nuevos planes o
reformulaciones del plan inicial.
Para el año 2022,
Asoc Ragone accedió a información solicitada a la Secretaría de Ambiente, la
cual releva 71 solicitudes de Planes Operativos Anuales (POA) en un universo de
850 planes de manejo de fincas en la provincia. De los 71, la mitad (35) están
en manos de un solo técnico que monopoliza el universo por el cual los
propietarios de fincas acceden a los recursos de la Ley de Bosques, mientras
que los otros 36 POA se distribuyen entre 17 técnicos.
La dificultad
para la rendición financiera de los recursos asignados ha sido importante entre
muchos propietarios no enmarcados en el manejo empresarial de sus fincas.
El monto de los
subsidios, como un promedio general, tomando como corte el año 2018, ha rondado
alrededor de un millón de pesos, para fincas que para el mismo año tenían
movimientos por veinte millones.
Ese monto,
concebido para 2018, en muchos casos fue finalmente girado a los propietarios
tres años después, en 2021.
Estos son tan sólo
algunos de los motivos por los que se hace necesario enfocar el sistema total
que prevé la Ley de Bosques. Pareciera que el subsidio previsto fue
naturalizado por los sectores involucrados, como una pequeña renta más de la
tierra que complementaría el movimiento anual.
Sin fondos reales
y sin voluntad política (de todos los sectores, no sólo de los funcionarios
estatales) para que el sistema funcione, no hay posibilidad de conservación
posible. Y el desarrollo será siempre díscolo en las direcciones que ordene la
concentración del capital. Necesitamos trabajar juntos para que la Ley de
Bosques contribuya efectivamente al desarrollo de todos los sectores, para
instalar definitivamente, la consigna de la conservación para las generaciones
futuras.
Creemos que el
nuevo mapa que surgió del taller participativo con el que culminó el Proceso de
Revisión del OTBN a fines del año 2023 es un paso importante para que los
objetivos de producción y conservación puedan finalmente compatibilizarse en la
Provincia de Salta. Esperamos que dicho mapa, que combina solidez técnica con
participación pública inclusiva, sea finalmente aprobado por la Legislatura
Provincial.
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